El Ayuntamiento de Castellón quiere involucrar a las entidades bancarias en la solución al problema de la falta de viviendas para las personas desfavorecidas económicamente o en riesgo de exclusión. La Concejalía de Vivienda, que dirige la vicealcadesa, Ali Brancal, remitirá en septiembre una carta a los bancos informándoles de los detalles de funcionamiento de la bolsa de viviendas y expresando su deseo de que incorporen a ella algunos de los pisos vacíos de su propiedad.
El consistorio aprobó el pasado 7 de julio las bases reguladoras de la constitución y funcionamiento de la bolsa de viviendas de alquiler social, mediante la cual el Ayuntamiento ofrecerá a los propietarios la posibilidad de que sus viviendas vacías sean incluidas en una Bolsa de Viviendas cuya gestión se realizará a través de la Oficina Municipal de Vivienda, dependiente de la Concejalía de Vivienda. La Oficina pondrá en contacto a los oferentes y demandantes de viviendas y, de ese modo, facilitar el acceso temporal de los ciudadanos y ciudadanas del municipio que cumplan los requisitos exigidos a viviendas de alquiler de titularidad privada desocupadas y en buenas condiciones de habitabilidad.
La crisis económica ha impedido en muchos casos afrontar el pago de las cuotas mensuales de las hipotecas, lo que ha provocado un sensible aumento de las ejecuciones hipotecarias. Por este motivo, la Oficina Municipal de Vivienda busca tanto particulares como personas jurídicas, principalmente entidades financieras o empresas promotoras de viviendas, que puedan colaborar en la bolsa ofreciendo sus pisos para paliar una de las consecuencias más graves de la crisis económica, como es la falta de una vivienda para las familias con menos recursos económicos, cuyo número ser ha incrementado en Castellón. La concejalía de Vivienda se dirige especialmente a las entidades bancarias por pertenecer al grupo de potenciales oferentes de vivienda vacía.
La bolsa de viviendas, cuyas bases están en vigor desde el 16 de julio, cumple el mandato de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana. Esta norma tiene por objeto regular el derecho a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada y establece la obligación de las administraciones públicas, en particular las entidades locales, de adoptar las medidas precisas para lograr la plena efectividad del derecho a la vivienda, ya sea directamente o en colaboración con la iniciativa privada, a aquellas personas que por razones económicas no puedan acceder a ella en condiciones de mercado.
Podrán beneficiarse de la bolsa aquellas personas o núcleos familiares cuyos ingresos anuales sean inferiores a 4,5 veces el Indicado Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) lo que, tomando como referencia el índice de este año, supone unos 6.400 euros.
