El culebrón del caso Lafuente continúa. Después de que el bipartito de Castellón tomara la decisión de descartarlo y apostar por la técnica de la Diputación, Carmen Vilanova, zanjando así uno de los temas más polémicos del año, el presidente de la Diputación, Javier Moliner, salió ayer en escena y avivó el que parecía un asunto cerrado, al asegurar que la institución que dirige no tiene intención de ceder al Ayuntamiento a su funcionaria, que está al frente del servicio de relaciones internacionales de la Diputación, para que sustituya a Juan Ángel Lafuente como directora técnica de la oficina municipal de planificación y proyección económica.
Moliner argumentó su decisión en la «necesidad de personal» de la institución provincial. Vilanova, dijo el presidente en rueda de prensa, dirige un servicio que «está haciendo un trabajo muy importante en la gestión de fondos europeos y que lleva el secretariado de Partenalia, por lo que requiere de la máxima dedicación por parte de la Diputación». «No hay ninguna intención en la Diputación de prescindir de alguien que está trabajando en un servicio tan importante como ese, por lo que la voluntad de la corporación es mantener el personal que hay trabajando». Además, el presidente aseguró que desde el Ayuntamiento de Castellón no les habían comunicado la decisión de fichar a Vilanova. «Nadie se ha dirigido a la institución provincial al respecto. Si alguien quiere algo, pues que se dirija a mí y no digo que no se pueda llegar a un acuerdo».
Hay que recordar que la portavoz del equipo de gobierno, Verònica Ruiz, comunicó el pasado viernes la decisión de contratar, en comisión de servicio, a Vilanova y no a Lafuente, tras ser estos dos los candidatos propuestos por la comisión de valoración técnica que ha llevado a cabo el proceso selectivo para cubrir una plaza que estuvo ocupando Lafuente desde febrero hasta julio. Ruiz ya explicó que esta semana comunicarían la resolución a la interesada, para que ratificara su interés por el puesto, y que después pedirían la cesión a la Diputación, que es la institución que tiene que dar el ok definitivo.
Reacciones del bipartito
Las inesperadas declaraciones de ayer de Moliner, provocaron la reacción de los portavoces de los partidos de gobierno. El socialista Rafa Simó aseguró que «utilizar una comisión de servicio con interés político es un flaco favor a la ciudadanía»; y desde Compromís, Ignasi Garcia, apuntó que con ello «se ponen palos en las ruedas».
