El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado el último recurso de Educación para mantener su modelo lingüístico y mantiene su decisión de que hay que volver al decreto del 2012 para ejecutar la suspensión cautelar. Ahora, a Conselleria le queda dar el paso hasta el Constitucional. No obstante, este revés judicial para el conseller Vicent Marzà «no afectará al curso iniciado».

La puesta en marcha del decreto-ley de urgencia, el pasado 1 de septiembre, «ha sido una solución para evitar que los tiempos judiciales afectaran al curso, a los centros y las familias», según fuentes de Educación. Los alumnos de experimental de dos años y los de Infantil de tres aplican un nuevo plan lingüístico que, sobre el papel, no tiene que ver con el plurilingüismo, mientras de Infantil de cuatro años a Bachiller ya han vuelto a aplicar el decreto del PP del año 2012.

«Desde Conselleria se tomó la decisión de sacar el decreto ley de urgencia porque estábamos a las puertas del inicio de curso y no había respuesta a los recursos», señalaron. Y así sortearon la suspensión, solo por este año. El TSJ ha impuesto a la Generalitat el pago de las costas, de 350 euros.

EL AUTO JUDICIAL

Educación pedía que la suspensión afectara únicamente a la llamada disposición adicional 5ª que regula las acreditaciones de idiomas, anulada en una sentencia conocida a finales de julio, de manera que el resto se mantuviera en vigor. Si se hubiera aceptado, implicaría poder continuar con la mayor parte del modelo plurilingüe, como los seis niveles elegidos por los centros, con la premisa de a más valenciano, más inglés.

La Generalitat presentó el 30 de julio un recurso de reposición frente al auto de 27 de julio del TSJ relativo a «la forma en que la Administración debe dar cumplimiento a las medidas cautelares», donde el tribunal estimaba «contrario a derecho» cómo Educación había respondido a la suspensión cautelar. Y le dijo que «debe hacerlo conforme se ordena en el auto, aplicando los decretos del 2012 en Primaria y ESO».

La sala entiende, tras los cambios en el currículo, las instrucciones o la formación, que «se ha hecho un esfuerzo para suavizar los efectos del decreto suspendido», pero mantiene que «la suspensión en los términos acordados no se ha cumplido», motivo por el cual acordó «mantener el sistema anterior», del 2012.

El TSJCV no entra --«no ha sido objeto de debate en el presente incidente», dice--, en la incidencia del decreto ley en los proyectos lingüísticos de centro, dice.//