Los portavoces de los partidos de gobierno del Ayuntamiento de Castellón coinciden en el respeto a la libertad de expresión de quienes defienden que la cruz del parque Ribalta se mantenga en su ubicación, y están detrás de una campaña que ha llegado a colapsar el Ayuntamiento con correos y llamadas masivas -como recogió ayer Mediterráneo-, pero no están dispuestos a ceder a las presiones y aseguran que seguirán adelante con el cumplimiento de la ley de memoria histórica y la reubicación del monumento.

«La ciudadanía tiene derecho a expresar su opinión ante las decisiones que se adoptan en las instituciones públicas, siempre que se haga desde el respeto y la tolerancia. En este caso, los defensores del mantenimiento de la cruz han optado por una campaña de presión al Ayuntamiento a través de llamadas y envío de correos masivos», asegura el portavoz del PSPV, Rafa Simó. «Es una campaña orquestada desde fuera de Castellón, que ha tenido un seguimiento prácticamente nulo aquí», puntualizó el edil.

«Lo único que hay que decir al respecto es que la decisión final sobre el futuro de la cruz la adoptará el gobierno municipal de acuerdo con los informes técnicos pertinentes y en el ámbito de su responsabilidad política», avanzó el portavoz socialista.

Desde Compromís, Ignasi Garcia, declaró que le parece «bien que cualquier organización, colectivo, haga las movilizaciones oportunas. Están en su derecho, siempre que su acción no interfiera en el normal funcionamiento del Ayuntamiento». Ahora bien, puntualizó: «No vamos a aceptar que se intente disfrazar de símbolo religioso el que es un monumento de exaltación al régimen franquista. Tenemos un compromiso en el Acord del Grau, que es muy claro con lo que tenemos que hacer, y unos informes jurídicos que son evidentes». «No tiene ningún valor religioso, cultural ni estético y sirve para intentar recordar otros tiempos que tenemos que dejar de lado»,

LA CAMPAÑA // Según publicó este periódico, los defensores de que la cruz del Ribalta no se retire del parque, han puesto en marcha lo que puede considerarse como una campaña de acoso institucional, con cientos de llamadas telefónicas y hasta 300 mails.