Las diputaciones y cabildos españoles han reivindicado este miércoles desde Castellón que el Estado tome medidas para que las administraciones locales, cuyo papel reivindican en la lucha contra la despoblación, puedan invertir el dinero de sus superávit y remanentes sin limitaciones del techo de gasto, al menos en el caso de las que gestionan bien.

Es una de las conclusiones de la cumbre mantenida en el palacio de las Aulas de la capital por la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que, informaron el presidente de este organismo y de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes; y su homólogo en la de Castellón, Javier Moliner, se destacó también la importancia de estas administraciones intermedias en el apoyo de los municipios para hacer que "cualquier ciudadano, viva donde viva, pueda tener igualdad de oportunidades".

Moliner definió este encuentro como “un ejercicio de coordinación entre las distintas diputaciones para ser más eficaces a la hora de ayudar a los ayuntamientos a resolver problemas en los pueblos y mejorar la calidad de vida entre todos los ciudadanos de las distintas zonas. Lo que queremos es trabajar juntos para mejorar los servicios que ya prestamos para igualar las oportunidades que puede tener una persona que elija residir en una población rural de cualquier provincia española respecto a otra que lo haga en cualquier ciudad con más recursos”.

Francisco Reyes señaló que, si bien no ha habido respuesta oficial hasta ahora a la petición de permiso legal para reinvertir los excedentes económicos, puede haber alguna posibilidad para encajar la reforma normativa en la ley de acompañamiento de los presupuestos del 2018 --que, por ahora, están prorrogados--. Reyes resaltó que se trata de 20.000 millones de euros en toda España que "sería una inyección muy importante para la economía " y para "crear empleo".

Reyes fijó como otras reivindicaciones acordadas en la Comisión, que vuelvan los recursos del Estado a los planes provinciales; la incorporación de las administraciones locales al debate sobre financiación autonómica, así como a los planes de diseño y aplicación de los fondos estructurales europeos 2021-2018; y que la tasa de reposición de las bajas de empleo público vuelva al 100% como mínimo.