En otoño, el president de la Generalitat, Ximo Puig, quiere tener cerrado el plan de infraestructuras que debe servir de modelo a la Generalitat para sus inversiones hasta el 2030. Así, antes deberá tener cerrado, al menos, los objetivos fundamentales de un programa, el Uneix (que además de unir pretende ser un eje para las obras), que consensuará con los empresarios, los sindicatos y los ayuntamientos y diputaciones.

Para ello, ayer llevó a cabo la primera reunión con representantes de todos ellos, a los que presentó el Programa para la mejora de la movilidad, las infraestructuras y el transporte de la Comunitat Valenciana, un nombre ambicioso que también lo es en sus aspiraciones, ya que pretende ser un compendio de todo lo que afecta a estos ámbitos, desde la seguridad, hasta los planes locales de movilidad o las concesiones de transporte público. Eso sí, la definición de algunas obras concretas se puede dejar para más adelante, a medida que surjan necesidades, según se dijo ayer.

El plan quiere superar la inacción de la Generalitat desde que el anterior Consell aprobó el Plan de Infraestructuras Estratégicas 2010-2020, señalaron ayer los responsables del Gobierno regional (junto a Puig estuvo la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, y parte de su equipo). Para ello, a través «del consenso y el diálogo» se va a tratar de definir una agenda «no basada en el cortoplacismo, la arbitrariedad o el amiguismo, sino en criterios objetivos», apuntó ayer el president. Entre las prioridades está mejorar la conexión con el corredor mediterráneo, generar infraestructuras logísticas o promover la sostenibilidad, evitando el uso del vehículo privado.

¿Y el dinero?

Pero para llevarlo a cabo será necesario encontrar fórmulas para pagar las obras, dada la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana. Sobre la mesa se puso ayer la posibilidad de la colaboración público-privada --un modelo que hasta ahora ha fracasado, reconoció Salvador-- y el pago aplazado, muy utilizado por el Consell anterior. Pero los empresarios se mostraron reacios a ello, ya que primero quieren garantizarse la rentabilidad de sus inversiones.

Asimismo, los representantes empresariales (en la cita participaron la Cev, la Cámara de Contratistas y Fecoval) también censuraron que el modelo puede suponer un retraso en la tramitación de diferentes iniciativas (sobre todo si antes deben ser consensuadas con tantos agentes y han de ir surgiendo a propuesta de los ayuntamientos); y el hecho de que se vaya a primar criterios de sostenibilidad a la realización de grandes actuaciones.

Por su parte, desde los sindicatos consideran «importante no repetir modelos anteriores» y concretar las «infraestructuras necesarias», indicó la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO PV, Mila Cano.