Con un año de retraso, este lunes comienza el macrojuicio que, durante 22 sesiones en cuatro meses de trabajo, deberá dilucidar si hubo financiación ilegal en el PP de la Comunitat, en el contexto del caso Gürtel, la gran causa que supuso la caída del que fue presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su equipo de dirección. Son 20 los acusados de este entorno que se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional, entre quienes destacan dos castellonenses, el exsecretario general del partido, Ricardo Costa; y el exvicepresidente Vicente Rambla.
Además, declararán como acusados, el presunto líder de la trama, Francisco Correa; el identificado como número dos, Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes. Los tres están en prisión desde febrero del 2017, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ordenó su ingreso en la cárcel sin fianza tras ser condenados hasta a 13 años por los amaños en Fitur.
El juicio se pone en marcha después de que Correa haya puesto las cosas más difíciles para los populares valencianos la semana anterior, cuando se ha conocido que negocia un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción en el que admite que el PPCV pagó en B trabajos en campañas electorales contratados a Orange Market, la empresa de Gürtel propiedad de El Bigotes. El objetivo estaría en conseguir un atenuante de su condena a cambio de reconocer los hechos.
La pieza principal
La vista oral es un esperado proceso que juzgará las piezas 1, 2 y 6 de la rama valenciana de la red corrupta, relacionadas con la financiación irregular del PP valenciano, precisamente, en las campañas del 2007 y el 2008. Se considera, además, la principal pieza dentro de la trama, ya que investiga si los populares amañaron facturas para lograr fondos con los que ganaron comicios en los que obtuvo un importante poder territorial en la Comunitat.
La agenda
El juicio, que se suspendió hace ahora diez meses por la baja médica de una de las fiscales del caso -Miriam Segura- y la imposibilidad de comparecer del otro fiscal asignado, Carlos Yáñez, cuenta ahora con un nuevo calendario, que comprende 22 días entre enero y abril, en sesiones de mañana y tarde. Arrancará mañana en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) el 15 de enero, mes en el que se celebrarán cinco sesiones (días 15, 16, 17, 18 y 19), durante las que declararán los acusados; otras ocho en febrero (13, 14, 15, 20, 21, 22, 27 y 28); seis más en marzo (6, 7, 8, 13, 14 y 15) y, por último, tres en abril (4, 5 y 6).
Los testigos
El propio Francisco Camps y el expresidente de Les Corts Juan Cotino, son dos de los más de cien testigos citados y también de los más destacados. En su caso, deben comparecer el 7 de marzo. En todo caso, la prueba testifical la abrirá el día 18 el exconcejal de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, y el viernes 19 comparecerán el exalcalde de Gandía, Arturo Torró; el alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio; la exalcaldesa de Ontinyent, María Lina Insa; y el exedil de Mislata, Manuel Corredera. Todos del PPCV.
Casi un mes más tarde, el 13 de febrero, será el turno del diputado autonómico del PP Rubén Ibáñez, el extesorero del PP, Luis Bárcenas, y del exgerente popular, Cristóbal Paez. El 6 de marzo testificará también la tesorera del PP, Carmen Navarro, quien está procesada por un supuesto delito de daños informáticos en la causa que investiga el borrado de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas.
Empresarios confesos
La mayoría de los empresarios acusados que se juzgarán en este mismo proceso suscribieron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, que se conoció en febrero del año pasado para ser condenados a penas inferiores a dos años, sustituibles por multas, a cambio de confesar que financiaron al PP en campañas electorales. Estos empresarios, para los que la Fiscalía pedía penas de entre 4 y 6 años de cárcel por delitos electorales y de falsedad documental, evitarán así el ingreso en prisión. Entre ellos figura, por ejemplo, Vicente Cotino Escrivá, sobrino del expresidente de Les Corts; y algunos otros que incluyen a firmas de Castellón. El acuerdo se trasladó después al Juzgado Central de lo Penal para que tenga conocimiento de que estas circunstancias «determinarán una modificación de las conclusiones en el juicio, en el sentido de ajustar las penas a dicho reconocimiento y solicitar penas de prisión inferiores a dos años y multas».
