La polémica sentencia a los cinco integrantes de la Manada se ha colado en las clases de Derecho Penal de la UJI. Estudiantes de varios cursos han analizado el argumentario de los magistrados de la Audiencia de Navarra y han reprobado las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien apuntó que el juez que quiso absolver a la Manada y emitió un voto particular tenía «un problema singular».
Así lo confirma a este diario la catedrática María Luisa Cuerda, quien ha repasado el contenido del documento judicial con sus alumnos. «Lo más importante para un jurista responsable es emitir una opinión conociendo bien el contenido de la sentencia. No se puede opinar, como se ha hecho, sin haberla leído», asevera la profesora.
El alumnado de segundo y cuarto curso ha debatido en el aula acerca de los razonamientos que los magistrados detallan. «Cada uno ha expresado su opinión libremente. Hay quien está de acuerdo y quien no. Hemos realizado un análisis jurídico riguroso porque las sentencias pueden someterse a crítica. Respetar un fallo no está reñido con reflexionar sobre él», asegura la catedrática de Derecho Penal.
Con respecto a las palabras que el ministro Catalá dirigió al juez que emitió un voto particular, los alumnos de la UJI no han dudado en reprobarlo. «No se puede hacer esa crítica que hizo Catalá porque es un ataque a la independencia del poder judicial y los estudiantes lo tienen claro», afirma Cuerda, quien también ha abordado en clase la problemática de los juicios paralelos que, en su opinión, afectan a la causa.
«Algunos medios han hecho un tratamiento de este caso que es criticable y eso influye en el desarrollo de la causa. Por eso hay que dejar que la justicia actúe», dice.
LA JUDICATURA
La sentencia de la Audiencia de Navarra ha provocado numerosas reacciones entre los juristas de toda España y también entre los de Castellón.
Como ya publicó este diario, la magistrada presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, Eloísa Gómez, considera «necesaria» y «urgente» una reforma del Código Penal que «debería haberse acometido hace ya mucho tiempo». Para la jueza, una ley del año 1995, --hace ya 23-- «no contempla situaciones que antes no se producían y ahora sí», y requiere de una actualización.
