Las decisiones adoptadas por unanimidad fueron el rasgo más destacado ayer del pleno ordinario de septiembre en la Diputación provincial, en la que todos los grupos se unieron para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que la gratuidad de la AP-7 a su paso de Castellón se haga ya efectiva de forma inmediata a través del traslado a este territorio de las bonificaciones en vigor en este momento en Cataluña.

Asimismo, una segunda declaración institucional, ambas defendidas por el presidente, Javier Moliner, aprobada con todos los votos a favor, reclama que Madrid se haga cargo del coste total de la construcción de las desaladora de Cabanes-Orpesa y Moncofa-Xilxes, cerradas por falta de rentabilidad. Reclaman en este ámbito que la empresa de la Administración central Acuamed revise los convenios de explotación con los ayuntamientos.

Ese acuerdo se materializó en el apoyo de los grupos del PP, Compromís, Ciudadanos (Cs) y Castelló en Moviment (CSeM), pero también de los diputados provinciales socialistas, quienes actualmente comparten color político con el Ejecutivo estatal.

EL DISENSO, EN EDUCACIÓN // Fue igualmente el PSPV el que hizo una defensa más encendida de la política educativa del Consell del Pacte del Botànic (formado por los socialistas y Compromís, con el respaldo de Podem desde fuera), y no los diputados de Compromís, tal y como cabría esperar, ya que el titular de la Conselleria de Educación es precisamente Vicent Marzà, integrante de la coalición nacionalista.

El debate, que llegó a mostrar un tono sensiblemente intenso, arrancó de la moción presentada por Ciudadanos y defendida por la diputada Cristina Gabarda en la que se solicita la supresión de las aulas prefabricadas, que quedó aprobada solo con los votos del PP y del partido naranja.

«naranjilandia» // El diputado socialista Fernando Grande criticó con dureza a Gabarda por su rechazo a la gestión educativa del Consell y le recriminó vivir en «naranjilandia», ese «mundo idílico en el que Rivera ve que un colegio que se inicia por la tarde está listo por la mañana», lo que, dijo, «no es posible en el mundo real», con lo que justificó que haya aulas prefabricadas mientras se construyen los nuevos centros.

Por su parte, la popular Elena Vicente-Ruiz fue taxativa a la hora de asegurar que el Gobierno del Botànic «ha engañado a la gente» cuando prometió que eliminaría los barracones, ya que «hoy hay 11.000 niños» todavía en esas condiciones.

Igualmente, Vicente-Ruiz dio irónicamente la enhorabuena a Gabarda por «sumarse a la lucha» por la educación y apuntó que no le decía otras cosas «porque el diputado socialista ha venido malote con Ciudadanos», además de precisar que «a Compromís no le puedo contestar porque no le he entendido nada de lo dicho».

Por su parte, el diputado de la coalición nacionalista, Pau Ferrando, insistió en argumentar que el número de alumnos en barracones se ha reducido en un 60% desde el 2015 y en recordar la herencia de la anterior administración popular, datos en los que Grande había abundado previamente en su intervención.