El president de la Generalitat, Ximo Puig, se alineó ayer junto a los municipios y aseguró en Castellón que es el Gobierno central quien debe pagar las desaladoras de la provincia de Castellón, porque los ayuntamientos no pueden asumir el gasto, que suma cerca de 100 millones.

«La solución de la financiación de las desaladoras la tiene que impulsar el Gobierno de España», dijo, en sintonía con la declaración institucional aprobada el martes por unanimidad en la Diputación para que sea el Ejecutivo de Pedro Sánchez quien asuma el coste de estas plantas. Según el convenio, ahora tendrían que abonarlas entre los ayuntamientos de Orpesa, Cabanes, Benicàssim, Xilxes y Moncofa. «Es evidente que la solución no puede ser asumida directamente por los ayuntamientos», especificó Puig.

Por otra parte, el president aseguró que para la Generalitat, «la ampliación de trenes al norte de la provincia es un asunto irrenunciable». «Poner más Cercanías a Vinaròs es una urgencia absoluta, como lo es la mejora hacia València, como le planteamos antes al ministro anterior y ahora al actual, y exigimos que antes de final de año esté ya en pleno funcionamiento», señaló.

Puig reivindicó que seguirá reclamando «que no se tarde ni un día más» de lo prometido por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. «La ampliación de la línea debería haber sido una realidad en mayo, y lo no fue; y lo que ha pasado es que había muchos anuncios, pero no había realidades, porque, entre otras cosas, no estaba firmado el contrato de Renfe con el Ministerio de Hacienda», incidió el jefe del Consell.

MÁS SALIDAS Y CONEXIONES // En cuanto a la liberalización de la AP-7, el president de la Generalitat explicó que el próximo martes se reunirá en València con el secretario de Estado de Infraestructuras y Transporte. En ella, le trasladará «el proyecto pospeaje en el que se ha trabajado para que haya más salidas, para reconectar la autopista con otras carreteras comarcales y autonómicas una vez se liberalice, en el 2020, con el fin de la concesión». «Medidas coyunturales como las de Cataluña, nosotros las hemos exigido también, y se van a producir, pero el gobierno valenciano, más que un peaje blando, queremos que desaparezca».