El conseller de Educación, Vicent Marzà, urgió ayer en Castellón a cambiar el sistema de reparto de la financiación ordinaria a los cinco campus públicos valencianos para que la «Universitat Jaume I (UJI) reciba más». «Los actuales criterios, que se concretaron en el 2010, están completamente obsoletos, y suponen un sinsentido, porque el sistema universitario autonómico ha cambiado, y mucho, y la UJI tiene ahora más peso que entonces, ha crecido, y, en consonancia, debe aumentar los fondos», manifestó.

El conseller se posiciona, así, en consonancia con las reivindicaciones de Riu Sec ya desde los tiempos del exrector Vicent Climent y, ahora, con la rectora, Eva Alcón, que puso el acento en que «con la financiación que le toca, la UJI debería recibir 13 millones más», después de su toma de posesión, este mismo junio. Alcón dejará hoy claro en su discurso de apertura que es «una urgencia a solucionar ya».

Marzà se alinea «con la Jaume I». «Desde la Conselleria compartimos la necesidad de unos nuevos criterios», incidió, señalando que «se ha pedido a las cinco universidades que los consensúen entre ellas y que determinen las nuevas baremaciones».

¿Cómo funciona? En el 2010 se determinó la financiación a cada campus por las cifras de alumnos y profesores y, ahora, la Conselleria propone incluir, además, qué tipo de docentes tiene, la investigación, la producción científica, la imbricación en el tejido productivo, y, en definitiva, el factor territorial, explicaron desde Educación. La UJI, en el 2010, sumaba un 9,2%; ahora supera el 11%. «Las dos universidades valencianas han perdido alumnado, por ejemplo, y Castellón lo ha ganado, con nuevas carreras y un posgrado más potente, y eso debe reflejarse en la distribución», dijo.

EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN // Educación deja así en manos de los cinco campus la decisión de cómo actualizar la distribución, que se ha quedado estancanda, en el caso de Castellón. «Urgimos a las distintas universidades a resolver este tema antes de final de año en la mesa de negociación que mantenemos para este y otros temas», señaló. Una comisión a tres bandas, con las universidades, la Conselleria y un grupo de expertos, que arrancó el pasado mes de febrero después de la cumbre de rectores en la población de Morella, en la que empezaron a buscar «soluciones colectivas a largo plazo».

Es una de las críticas más acérrimas al Govern del Botànic de los campus, que sufrieron, y mucho, los recortes de la era Wert y del decreto Vela, apretándose el cinturón al máximo. «El objetivo del consenso con las universidades es que el nuevo sistema de financiación sea estable, sostenible y justo», añadió el conseller. «Se han dado ya pasos, pero falta llegar a acuerdos y ponerlos en práctica», señaló, y puso el acento en que «el Consell ha trabajado en otras líneas de ayuda, como rebaja de tasas, más becas o mejoras al personal».