La moratoria que la empresa pública Acuamed propone a los ayuntamientos vinculados a las dos desaladoras de la provincia divide a estos municipios. Si bien ninguno de ellos piensa que deba asumir el coste de las infraestructuras, porque en un futuro podrían utilizarla muchas más localidades, Moncofa y Xilxes creen que es el momento de encontrar una «solución definitiva». Mientras, Orpesa y Benicàssim opinan que la propuesta estatal otorga un «balón de oxígeno» para los próximos tres años, pese a ser «insuficiente».

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, explica que la propuesta de Acuamed no les satisface «porque no cumple» con sus exigencias, pero entre esta opción y lo que se firmó en el 2006, se quedan «con la moratoria», puntualiza. Las condiciones que ofrece por ahora la compañía estatal pasan por un aplazamiento del pago de los trabajos y por una adaptación del convenio para ajustar lo que paga cada ayuntamiento a su consumo real, que en el caso de Benicàssim es de entre 3.000 y 4.000 hectómetros cúbicos.

MÁS TIEMPO

En una línea similar se expresa el concejal de Urbanismo de Orpesa, Tomás Fabregat, quien indica que la moratoria «abre un nuevo escenario y da más tiempo para negociar las condiciones del pago de la obra», que en el caso de estas dos localidades asciende a 51 millones que tendrían que devolver en 25 años.

En cambio, Xilxes y Moncofa exigen a Acuamed que se aproveche el ultimátum de la Unión Europea, que obliga al Gobierno a abrir las desaladoras en marzo del 2019 o a devolver los 33,4 millones que Bruselas adelantó, para exigir una «solución definitiva». Son palabras del primer edil de Moncofa, Wenceslao Alós, cuyo municipio es el más perjudicado, pues tendría que asumir el 50% de la obra (26 millones) y teme que el coste supere el 10% del presupuesto los próximos 25 años.

El alcalde de Xilxes, José Martínez, también apuesta por negociar con urgencia con el Ejecutivo de Pedro Sánchez porque en tres años no saben en qué situación se encontrarán.