Fincas en las que se ha levantado una vivienda, casas de apero en el campo reconvertidas en chalets, terrazas cerradas para sumar otra habitación, una plaza de aparcamiento, una piscina en el jardín... son solo algunas de las irregularidades más habituales detectadas por la Dirección General del Catastro en Castellón en los últimos cinco años. A través de drones, satélites o de inspectores in situ, el Ministerio de Hacienda ha encontrado un filón presupuestario gracias a la revisión de inmuebles, chalets, terrenos y solares distribuidos por toda la geografía provincial. Hasta la fecha, ha encontrado 29.599 irregularidades y solo en multas ha ingresado 1.775.940 euros. Y eso que todavía falta por concluir la inspección en 51 municipios, entre los que se encuentran l’Alcora, Benicàssim u Onda.

La inspección del Catastro ha peinado ya 84 municipios de Castellón y se ha cebado especialmente en muchos pueblos del interior, donde ha descubierto más irregularidades que en las poblaciones de la costa. Un dato. Si en el conjunto provincial el 2,9% de los edificios, casas rurales, piscinas, nuevas construcciones o viviendas reformadas estaba mal declarado (29.599 de un total de 987.706) hay localidades del interior donde el porcentaje es el doble o incluso el triple.

Pero, ¿en qué municipios de Castellón se han encontrado más irregularidades? El último listado que maneja el Ministerio de Hacienda revela que la lista la encabezan localidades como Atzeneta, Morella y la Vilavella. En el primer municipio, con 7.693 inmuebles, el Catastro ha encontrado 860 mal declarados, o lo que es lo mismo: el 11,1%. En la capital de Els Ports el porcentaje es del 10,6% (806 irregularidades en un total de 7.574 inmuebles), mientras que en la Vilavella asciende al 9,9%. La Mata, Herbés, Sant Joan de Moró, Palanques o Benlloch son otros de los municipios cuyo porcentaje de anomalías supera el 7%, siempre según la estadística de Hacienda.

En Morella o Atzeneta el porcentaje de inmuebles mal declarados es superior al 10%, un dato que contrasta con la mayoría de los municipios de costa inspeccionados. En la capital de la Plana, por ejemplo, ha descubierto anomalías en el 0,34% de las propiedades, mientras que en Orpesa la cifra se queda en el 0,17% y en Peñíscola, en el 3,4%.

‘CLAVADA’ EN EL IBI // Cuando el Ministerio detecta las anomalías envía una carta al contribuyente para ponerle sobre aviso y le cobra una tasa de 60 euros para cubrir los gastos originados. En Castellón, esta tasa ha supuesto para las arcas del Estado unos ingresos de casi 1,8 millones de euros. No obstante, la verdadera clavada llega unos meses después, con la factura del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), dado que el proceso de regularización supone también para el propietario el pago de la diferencia del IBI retrasada y no satisfecha, en concepto de atrasos. A más metros cuadrados detectados, mayor es el valor catastral de la propiedad, una variable que se emplea para fijar la cuantía de diferentes impuestos estatales (IRPF y sobre el Patrimonio), autonómicos (sucesiones y transmisiones) y también municipales (IBI y plusvalías).

De los casi 30.000 inmuebles regularizados en la provincia desde que empezó el proceso, 24.191 son urbanos, el 81%. En el otro lado, unas 5.000 son fincas rústicas. En Castellón, además, hay más de 13.000 construcciones nuevas que no han notificado, y otros 6.200 casos de ampliaciones y reformas de inmuebles que se han omitido y que, por lo tanto, no tributaban. Las ampliaciones de las propiedades (algo más de 7.000) y las piscinas (1.400) son otras obras acometidas con asiduidad en la provincia de espaldas a Hacienda.