Los juristas expertos determinan que no hay indicio de delito en la gestión de las fiestas del PP entre el 2008 y el 2015, ni tampoco en la del entonces presidente de la Junta, Jesús López. Han pasado casi dos años después de que arrancara, a instancias de Castelló en Moviment (CSeM), la comisión de investigación de las cuentas de la Junta --noviembre del 2016--, que, durante semanas, sentó en el banquillo del salón de plenos a más de 30 personas del món de la festa para declarar ante un tribunal político, con el equipo de gobierno --PSPV y Compromís-- en una bancada, y PP y Ciudadanos en la otra.

El equipo dirigido por el catedrático de Derecho Penal de la Universitat de València y uno de los mayores expertos de España, José Luis González Cussac, emitió un dictamen que concluye que «la generalidad, insuficiencia e imprecisión de los datos de las conclusiones --diciembre del 2017- no permiten una estimación fiable de hipotéticas responsabilidades penales». Con las pruebas en la mano, señala, «cualquier juicio resultaría prematuro». Ayer, se entregó a los partidos en la junta de portavoces.

«SOLO HAY SOSPECHAS» //

Recomienda, eso sí, y «siempre que se considere oportuno, profundizar en la recolecta de información y en la pertinente auditoría de toda la documentación obrante, incluida la contable». Y postula que tampoco se puede «emitir una evaluación fundada sobre las cantidades que se dejaron de declarar y las cuotas a la Seguridad Social», y que, por tanto, «no se puede evaluar ni ver conveniente ponerlo en conocimiento de la Inspección de Hacienda», sobre todo, al no aparecer mucha de la documentación requerida.

A Cussac le llegó el caso tras la petición de los servicios jurídicos municipales de externalizar el informe. El experto, en su informe de 35 páginas, muy detallado, pone el acento en que «desde el punto de vista jurídico, los hechos no alcanzan la condición de indicios; todo lo más explicitan posibles irregularidades que quizás pudieran constituir sospechas de comportamientos ilícitos».

Considera «relevante» el «criterio de la Fiscalía de Castellón, apoyado en la jurisprudencia del Supremo, por el que se rechaza la realización de investigaciones prospectivas ya que, cuando menos, deben existir indicios racionales de una actividad criminal». Los hechos contrastados, señala, «están muy lejos todavía de ser suficientes para su puesta en conocimiento ante la Fiscalía».

LAS REACCIONES

  • EQUIPO DE GOBIERNO: "Analizaremos a fondo el informe"Fuentes del equipo de gobierno explicaron que «se analizará a fondo el informe, que valora solo que no hay ilícitos penales susceptibles de abrir una investigación criminal, pero hay que ver qué vías se pueden abrir a partir de ahora, porque apunta a irregularidades, sobre las que pide profundizar». Señalaron asimismo que «las irregularidades administrativas siguen ahí, pendientes». «El dictamen incide en la falta de soporte documental en el periodo investigado, lo que impide determinar hipotéticos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales o falsedad», señalaron, determinando que «en las conclusiones se expone información que apunta a hipotéticas arbitrariedades, que afloraron durante la comisión».
  • PÉREZ MACIÁN (PP): "Le han parado los pies a Del Señor"El PP, en boca del edil Juan José Pérez Macián, considera que «la comisión de investigación fue una cortina de humo del Pacte del Frau para tapar su negligente gestión que solo ha servido para criminalizar a todo el món de la festa de Castellón». «La izquierda radical ha vuelto a quedar en evidencia. Los expertos en Derecho han parado los pies a un Xavi del Señor que ha actuado como el peor de los Torquemadas en la Inquisición, de la que han sido cómplices sus socios del PSPV y Compromís, dentro de su estrategia de seguir politizando las fiestas». «Se ha constatado lo que ya sabíamos, que no hay caso, y que el tripartito va contra todo el que no piensa como ellos», dijo.