La junta de gobierno del Ayuntamiento de Castellón aprobó ayer el otorgamiento de la licencia de actividad de la Ciudad de la Justicia, más de 12 años después de su inauguración, un 18 de abril del 2006, de manos del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con Alberto Fabra de alcalde. Más de una década han estado funcionando los juzgados del bulevar Blasco Ibáñez sin contar con todos los permisos. Una irregularidad que desveló ayer la portavoz del equipo de gobierno, Verònica Ruiz, al dar cuenta de los temas abordados en la junta.

Ruiz explicó que, tras su puesta en funcionamiento, se detectaron deficiencias y diferencias entre el proyecto licitado y el que se ejecutó, además de que con el tiempo ha habido cambios legislativos a los que la instalación se ha tenido que adaptar. A la falta de un acceso adecuado que permitiera entrar el furgón policial al edificio sin tener que pasar a los detenidos por la puerta principal, se han sumado, sobre todo, deficiencias en temas de seguridad, como la falta de extintores o de luces de emergencia.

La portavoz del bipartito reconoció no saber si el llamativo retraso es debido «a los tiempos lentos de la administración o a la desidia de los anteriores gobernantes» y adelantó que en un caso similar se encuentran otras dos instalaciones en la ciudad, que no desveló, aún. En todo caso, reconoció que «la administración pública tendría que dar ejemplo y no abrir hasta tener todas las licencias en regla».

Esta licencia llega tras reiteradas denuncias por grietas y desprendimientos en un edificio relativamente nuevo. La primera, de sindicatos, ya el día de inauguración, cuando advirtieron de «graves deficiencias de seguridad».