Los protocolos establecidos en los casos de violencia de género se encuentran en el centro de todas las miradas después de que Ricardo Carrascosa matara este martes a sus dos hijas, de dos y seis años, en Castellón. Un crimen que ha sobrecogido e indignado a la sociedad a partes iguales y que ha reabierto el debate sobre la eficacia de las medidas implementadas por las administraciones, los cuerpos y fuerzas de seguridad y la justicia para proteger a las víctimas del terrorismo machista.
Víctimas y jueces han alzado sus voces tras el doble parricidio para solicitar un cambio en unos protocolos que consideran «claramente insuficientes». Desde la Asociación Andrea Carballo, inciden en que es necesario incorporar la figura de un psicólogo en las comisarías y juzgados para atender a aquellas mujeres que están atemorizadas. «El lenguaje no verbal es muy importante y se necesitan expertos que analicen por qué una persona no quiere, por ejemplo, declarar», destaca la presidenta, Karmen Risueño.
Desde la entidad señalan que los protocolos fallan «desde siempre» y piden que las instituciones «reflexionen» y «dejen de pensar solo en las elecciones». «El Pacto de Estado contra la Violencia de Género no puede ser un papel mojado. Corre prisa que se materialice porque está muriendo mucha gente», argumenta el colectivo, que se pregunta «¿dónde están los millones prometidos y con quién están hablando para cambiar los procedimientos?».
Risueño tilda de «muy desafortunadas» las declaraciones del presidente de la Audiencia, José Manuel Marco --dijo este jueves que se podía dejar actuar a los jueces o poner «máquinas expendedoras de órdenes de alejamiento»--. «Este es un tema muy serio y esas declaraciones en boca de un representante judicial son, cuanto menos, preocupantes», afirma.
MAGISTRADOS / Desde Juezas y Jueces para la Democracia, una de las cinco asociaciones profesionales de magistrados en España, hablan de «fracaso» en la respuesta institucional tras las últimas muertes relacionadas con la violencia sobre las mujeres.
«Los hechos obligan a una reflexión de los poderes públicos», subrayan. «Reclamamos hace años la generalización de informes periciales de riesgo urgente y se precisa la incorporación de psicólogos para que cumplan su función de auxiliar a los jueces», sostiene la asociación nacional.
La entidad considera «necesaria» la revisión de los criterios de los juzgados «para la atribución de facultades parentales cuando hay crisis de pareja violentas».
