La Delegación del Gobierno en la Comunitat anunció ayer que ampliará la denuncia presentada ante la Fiscalía por la trama de facturas falsas destapada en la Subdelegación de Castellón, un día después de hacer públicas sendas auditorías internas para revisar las cuentas de las sedes de Valencia y Alicante. Así lo evidenció el delegado, Juan Carlos Fulgencio, quien puntualizó que se trata de unas medidas que se toman «por precaución» para informar al Ministerio de Hacienda.
Preguntado ayer sobre las investigaciones abiertas en Valencia y Alicante, insistió en que «se trata de una iniciativa de pura precaución, tras los hechos detectados en Castellón». «Creemos que no habrá mayor novedad, pero lo hacemos por tranquilidad de los ciudadanos, para que sepan qué se hace con su dinero», dijo.
Dos tesoreros de la Subdelegación de Castellón --uno de ellos está jubilado-- están investigados como presuntos cabecillas de una red de pitufeo en la que también hay implicadas una veintena de pequeñas empresas. La Policía Nacional investiga cerca de un millar de facturas irregulares que, supuestamente, fueron falseadas para justificar gastos personales, tales como repostajes de gasolina en coches particulares, compras en perfumerías o adquisición de consolas, facturadas como tóner para la Subdelegación.
TRASLADO //
Según ha podido saber este diario, la funcionaria que destapó la trama de las facturas, poniéndolo en conocimiento de las autoridades, ha sido nombrada recientemente secretaria general de la Delegación en la Comunitat y ha cambiado de destino, trasladándose a València.
En la provincia, la institución mantiene suspendido de empleo y sueldo al tesorero detenido que se encontraba en activo y prorroga esa separación de sus funciones cada seis meses hasta que se resuelva la investigación judicial que sigue abierta, según puntualizan fuentes oficiales.
