La Universitat Jaume I (UJI) ultima sus cuentas para el 2019, las primeras del equipo de la rectora, Eva Alcón, tras años de restricciones. Y lo hace con cautela y reivindicación, reclamando un año más la revisión al alza de la subvención ordinaria que recibe de la Generalitat, porque «la prevista para el próximo ejercicio no alcanza para cubrir el coste del personal». Lo dice el vicerrector de Planificación y Coordinación, Modesto Fabra, quien apunta que se recibe el mismo dinero, pero hay más cosas que pagar por imperativo ministerial y del Consell.

Lo explica señalando que «se trabaja con las hipótesis de una transferencia ordinaria que sume el incremento del gasto de personal derivado del aumento del sueldo a los funcionarios por la ley de Presupuestos del Estado, y financiación específica para gastos derivados de decisiones recientes de la Generalitat, como la reducción de tasas, la mejora de las retribuciones del personal, la carrera profesional del PAS e incentivos del PDI laboral, y eso, contando con la anualidad del convenio de deuda histórica». El documento se presentará en el claustro el 8 de noviembre.

ES UNA «URGENCIA» //

La revisión de una nueva financiación a la UJI (que es de 61,8 millones de euros, sobre un presupuesto total de 98 millones este 2018) se halla sobre la mesa del Consell, que no estará lista para incluirla en los presupuestos autonómicos del 2019, pero sí «en el 2020, ojalá», según Fabra.

Y, con carácter de «urgencia», queda acomodar los plazos de la deuda histórica --22 millones desde el 2015, más 28 previstos este 2018--. El vicerrector es claro: «Desde la UJI hemos transmitido a Educación que como consecuencia del recorte de la subvención en el 2013 y su posterior congelación, unida al crecimiento de costes y de gastos derivados de la puesta en marcha de nuevos títulos, la deuda histórica se ha convertido en financiación estructural absolutamente necesaria, sin la que no es posible elaborar el presupuesto».

«Las demás universidades están igual, pero la situación de la UJI es especialmente difícil, por la infrafinanciación sufrida al no considerar desde el 2010 el número de alumnos ni el volumen de actividad real de cada universidad». Y aunque le «consta que la Conselleria está buscando una solución al respecto», critica que hoy por hoy, «la UJI es absolutamente dependiente de estas anualidades para funcionar», subraya.