Con 969 víctimas de la represión franquista enterradas en el cementerio de San José --530 en la parte civil y otras 439 en la católica--, Castellón es la segunda ciudad de la Comunitat --por detrás de Paterna, con 2.238-- con más fusilados en sus dos fosas comunes. Casi 80 años después de finalizada la guerra civil, previsiblemente durante la semana del 20N, empezarán las tres primeras exhumaciones en la capital: las de Rafael Prades Trueba (fusilado el 21 de agosto del 1939), José Monfort Gil (fusilado el 30 de mayo del 1941) y Eduardo Ferreres Sospedra (fusilado el 24 de enero del 1940).

Tras ellos, se espera que los desenterramientos continúen durante el 2019, puesto que desde el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló (GRMH) --que impulsa en la ciudad el proyecto de exhumación--, Maribel Peris explica que en las últimas semanas han recibido más peticiones de familias y que, hoy por hoy, la demanda es de una veintena, si bien considera que unas 11 ó 12 son las que tienen posibilidad real de exhumarse, y las otras serían de víctimas con restos en osarios, que no tienen opción de recuperarse.

Cómo se hará

De las de Rafael, José y Eduardo se encargará un equipo de entre cinco y siete personas de ArqueoAntro. El arqueólogo Miguel Mezquida dirigirá los trabajos en el viejo cementerio de Castellón y, sobre el terreno, considera que estarán trabajando unas dos semanas, mientras que el proceso completo, estudios antropológicos y de cotejo genético incluidos --que se harán en la Universidad Complutense de Madrid-- podría alargarse un año, como mínimo.

Mezquida explica que la intervención empezará con sondeos en las fosas donde están las víctimas. Son tumbas individuales, no hay una fosa común con todos los cuerpos, de forma que están localizados y, en principio, el desenterramiento no debería tener complejidad. Todavía no saben por cuál empezarán. Se delimitará la fosa, se excavará hasta descubrir los huesos y se exhumará. Tras una limpieza de los restos óseos in situ, se trasladarán a Madrid, donde se harán los estudios antropológicos --que, entre otras cosas, determinarán las causas de la muerte-- y en paralelo se analizará el ADN de los familiares para cotejarlo con el de las víctimas. Según explica Mezquida, en general «se consiguen buenos resultados de hijos, nietos y sobrinos, por lo que se priorizan casos en los que todavía quedaban hijos vivos». Terminado el proceso, los restos se devolverían para que sus familiares decidan dónde enterrar a sus antepasados. Mezquida recalcó la importancia de su trabajo «para cerrar heridas a unas familias que desde hace ochenta años viven en un duelo permanente».

Falta de ayudas

La ley de Memoria Histórica del 2007 ampara las exhumaciones de víctimas de la represión franquista, pero no dota el proceso de recursos económicos suficientes y la tramitación es compleja. La ley ampara tres supuestos para pedir exhumaciones: que lo hagan asociaciones de familiares, instituciones o asociaciones memorialísticas. En el caso de Castellón, la iniciativa es del Grup de Recerca y la dotación económica del consistorio. Se está a la espera de que en el 2019 la Generalitat sí presupueste. Desde el GRMH, destacan un dato: «Franco invirtió en exhumar a los caídos 1.086 millones de pesetas (353.000 euros al cambio), en la posguerra, en época de hambre».