Los mosquitos han ganado la batalla a las administraciones en la provincia de Castellón… al menos hasta el momento. Un otoño húmedo y cálido ha favorecido la proliferación de estos dípteros y ayuntamientos, Diputación y Consell se han visto sobrepasados. Las limitaciones legales sobre qué tipo de tratamientos pueden aplicarse y dónde, la disponibilidad de recursos y la falta de coordinación han sido unos de los factores que han complicado, y mucho, la lucha contra los insectos. Y la ciudadanía ha pagado las consecuencias, en clave de picaduras.
Todos los cargos públicos municipales consultados admiten que la batalla no puede librarse solo a nivel local. Así lo apunta, por ejemplo, Fernando Darós, concejal de Medio Ambiente de la Vall d’Uixó, quien considera necesaria «una coordinación supramunicipal, porque los mosquitos no entienden de términos municipales». «Si los tratamientos se hacen en una población y no en la otra, no solucionamos nada», apunta. También el alcalde de Nules, David García, lo considera «vital». Y es que en municipios como la Llosa reconocen que no dan «abasto ante este problema». «No podemos hacer más», admite el alcalde, Ximo Llopis.
Wenceslao Alós, alcalde de Moncofa, señala: «Necesitamos que la Generalitat se implique de forma planificada y continua, no de manera excepcional, como ahora». Mientras, otros ponen el ojo en la Diputación, como Silvia Gómez, concejala de Sanidad de Vila-real, quien lamenta que la administración provincial no hiciera su trabajo, a pesar de ser la institución más cercana, y que tuviese que ser la Generalitat.
ARMA POLÍTICA // El asunto, como se aprecia, se ha convertido en un arma política arrojadiza. De hecho, son varios los munícipes que apelan a aparcar las diferencias «y no hacer políticas partidistas». «No es cuestión de que un pueblo sea de una ideología u otra», señala Darós. «Si se siguen pegando patadas en función del color político no se va a una acción muy coordinada», señala el diputado provincial, Mario García.
«Es un problema que abarca a más de un ayuntamiento y, por tanto, la implicación, tanto de Diputación como de Conselleria, es fundamental, para ir todos coordinados, todos de la mano», apelaba Manel Navarro, concejal de Sanidad de Burriana.
La falta de recursos es otro factor. «Municipios pequeños como les Alqueries no pueden hacer frente con su propio presupuesto», señala Florentino Bravo, edil de Sanidad de les Alqueries.
Las empresas especializadas explican que «de septiembre a noviembre ha habido semana sí y semana no de lluvias y los mosquitos a partir de 14 y 15SDgr se desarrollan perfectamente». «Esto favorece la aparición de pequeños focos que van molestando muchísimo. Se trabaja con presupuestos muy ajustados y habría que habilitar partidas especiales para realizar un esfuerzo extra en momentos puntuales; no dejarlo a riesgo y ventura de las empresas», advierte desde la patronal Anecpla Joaquín Bernabéu.
Respecto a las medidas anunciadas por la Generalitat, algunos munícipes señalan que la reunión del jueves «se produce tarde» y ven las acciones insuficientes (como los alcaldes de la Llosa y Moncofa). Para otros, como los ediles de Vila-real y la Vall d’Uixó, son un punto de partida,
DINERO Y PROTOCOLO // Más tajante es Alfred Remolar, alcalde de Betxí, que acusa a la Generalitat de minimizar el problema y le insta a que «coja el toro por los cuernos», con «medidas directas», para ayudarles «económicamente como mínimo y un protocolo de actuación», que no ha visto «que haya». También los tipos de tratamientos que pueden aplicarse dan alas al mosquito. «Más que un problema de dinero es un problema de permisos, solo podemos actuar contra las larvas, no nos dejan fumigar contra los adultos, que son los que pican. Lo suyo sería establecer un protocolo para evitar situaciones como esta», dice el alcalde de Nules.
Además, cada mosquito tiene un problema añadido. El de marjal, que predomina ahora, más agresivo, suele habitar en zonas húmedas, donde habría que adecentar accesos. El tigre cría en cualquier punto pequeño de agua. Y la actuación en terrenos particulares se complica debido a que la ley es restrictiva. Algunos municipios cuentan con ordenanzas para poder intervenir, previo informe técnico, con lo que trámites pueden alargarse, y a veces llegan muy tarde.
Así, muchos consideran que «una normativa supramunicipal o una ley del Consell ayudaría», como piensa el alcalde de la Vilavella, Manel Martínez.
