Marco: «La sociedad tiene el derecho de poder criticar a la Justicia»

José Manuel Marco (Jaca, 1951), presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, alcanzará los treinta años como magistrado en 2019. Un año en el que también se cumple el quinto aniversario de su nombramiento como máxima autoridad judicial de la provincia. En unos meses está previsto que el Consejo General del Poder Judicial vuelva a convocar la plaza de presidente a la que podrán concurrir los magistrados que reúnan las condiciones y, aunque Marco es reticente a hablar sobre lo que hará en el futuro, afirma que si el puesto saliera hoy volvería a postularse.

--La mitad de los jueces y los fiscales de la provincia secundaron el pasado noviembre el paro para pedir una «absoluta separación de poderes» y la despolitización de la justicia. ¿Cómo vive la situación actual de descrédito y críticas constantes a la justicia?

--Como juez lo vivo con cierta incomidad. Cuando se plantea la posibilidad de hacer un movimiento reivindicativo tan duro como la huelga entramos en una situación paradójica porque el juez es simultáneamente poder del Estado, poder judicial y funcionario. Hemos llegado a un punto en que se ha decidido hacer este tipo de paro por el atasco de la negociación y de falta de respuesta de la administración. Por lo que respecta al descrédito, se dice que tiene mejor opinión de los tribunales quien acude a ellos que quien no lo hace. Es cierto que el servicio tiene muchas deficiencias, pero estoy convencido de que los jueces, en su inmensa mayoría, son personas entregadas y preparadas. A veces, se confunden dos planos diferentes: por un lado, está la labor de los jueces y, por otro lado, está el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano constitucional, político y de gobierno de los jueces, pero que no celebra juicios ni dicta las sentencias.

--¿Considera fundada la decepción que buena parte de la sociedad con la justicia o cree que los magistrados son cuestionados y criticados de forma continua?

--Yo personalmente no lo llevo mal porque creo que la sociedad tiene derecho a criticar. La Constitución establece la publicidad de las actuaciones judiciales por lo que, si los juicios y las sentencias son públicas, no podemos escandalizarnos porque sean criticados. Nos gusta menos cuando esas críticas son superficiales y, desde luego, es un error estigmatizar a un tribunal, como se ha hecho con el caso de La Manada.

--¿Cómo valora usted la sentencia dictada contra ‘La Manada’?

--Yo no voy a valorar la sentencia, pero fue dictada por una sección concreta de la Audiencia de Navarra y, desde entonces, ha dejado de ser esa sección, ha pasado a ser el tribunal de La Manada. Esos magistrados dictaron una sentencia que fue recurrida al Tribunal Superior de Justicia y que será recurrida al Supremo. Creo que va a ser inevitable y no me parece bien que al tribunal de La Manada le persiga siempre ese caso.

--Esta semana aparecía una pintada en la Ciudad de la Justicia en la que podía leerse: Llibertat Presos Polítics. ¿Lo considera un ataque al poder judicial?

--Lo considero un desahogo sin ninguna importancia. A alguien se le ha ocurrido ponerlo aquí, como podría haberlo puesto en la Subdelegación del Gobierno o en la Seguridad Social. Para mí es un simple exabrupto.

--La justicia castellonense está, un año más, en el ‘top 20’ de las más colapsadas de España, según datos del CGPJ. ¿Cómo valora la situación? ¿Cuáles son las reivindicaciones urgentes?

--En Castellón la situación es endémica y la falta de medios, también, aunque hay que reconocer que la actual administración de la Generalitat está haciendo un gran esfuerzo para que la situación mejore. Aún así, si la entrada de asuntos se incrementa y no se proveen más medios, el retraso irá aumentando. Hay que recordar que en el 2005 se creó un juzgado de instrucción en Nules que no se puso en funcionamiento hasta hace unos meses. Eso no es bueno. Además, allí existe el problema de la violencia de género porque tenemos un juzgado que lleva asuntos penales, civiles y también las denuncias por violencia sobre la mujer. Lo mismo sucede en Vinaròs.

--La consellera Gabriela Bravo anunciaba, precisamente, hace unos días que Vila-real asumiría, tras años de reivindicaciones, los casos de violencia machista de Nules y Segorbe...

--Sí, pero para eso ha hecho falta muchos años de pedirlo, elevar informes con datos de carga de trabajo y distancia de las poblaciones. El real decreto que posibilitará el cambio lo aprobó este viernes el Consejo de Ministros y está previsto que la comarcalización de los casos de violencia de género comience a funcionar a partir del 1 de enero.

--Vila-real y Nules están muy cerca, pero Segorbe no. Una vecina de esa localidad va a tener que ir ahora para cualquier trámite a Vila-real. ¿Esto es positivo?

--Sí, lo es. Hay que recordar que un partido judicial abarca muchas localidades. En el caso de Segorbe, el municipio más alejado es Puebla de Arenoso. Está a 62 kilómetros de la capital del Alto Palancia y a 66 de Vila-real. Esa señora tendrá que hacer cuatro kilómetros más y estará mucho mejor atendida. Otro ejemplo lo encontramos en el partido judicial de Castellón, al que pertenecen Vilafranca y Cortes de Arenoso. Están de Castellón a 87 y 78 kilómetros, respectivamente, más lejos que el pueblo más lejano de Segorbe está de Vila-real.

--El juzgado de cláusulas suelo es uno de los que más quejas generan. Debido al aluvión de pleitos con la banca, hay retrasos importantes con juicios señalados para 2020. ¿Se prevén refuerzos para combatir la situación?

--La situación no es buena. El Juzgado de Primera Instancia 6 habrá recibido cuando acabe este año 3.000 asuntos desde que se puso en marcha en junio del 2017. El módulo razonable de entrada de asuntos, según marca el Consejo, es de 1.200 anuales y nosotros estaremos en 2.000, por lo que lo supera bastante. Este órgano tiene una jueza titular --ahora de baja y con una sustituta-- y ha venido teniendo refuerzos con personas muy entregadas, pero recién salidas de la escuela y sin experiencia. Profesionales que hubieran estado mejor en un juzgado de instrucción de pueblo, donde pudieran aprender con diferentes asuntos y no solo con una cuestión como esta, de carácter civil y de cierto nivel. Han hecho bien su trabajo, pero están unos meses y se marchan a su destino definitivo. A lo mejor no es suficiente.

--La última estadística evidencia una bajada en las denuncias por violencia machista, pero un aumento de medidas cautelares. ¿Cree que tras el asesinato de Borriol y el doble parricidio de Castellón se han endurecido las medidas de seguridad?

--No tengo por qué pensar que ha sido por eso porque no sé en cada asunto cuál ha sido el pensamiento del juez. Sociológicamente no es muy difícil entender, pero yo no lo puedo asegurar, que podría deberse a una reacción defensiva por terribles sucesos que ha habido en los últimos meses.

--Tras el doble parricidio, se abrió un debate sobre la actuación policial y judicial. Hubo evidentes tensiones entre judicatura y Fiscalía. ¿En qué punto están ahora las relaciones? ¿Fue un desencuentro puntual o fue más allá?

--A nivel personal soy amigo de José Luis Cuesta, el fiscal jefe, hace treinta años y me parece un profesional excepcional. En un momento puntual podemos tener opiniones diferentes y las tuvimos. Son temas profesionales y hay que distinguir ese ámbito del personal. Yo di mi punto de vista porque no me parecían justas las opiniones sobre el trabajo de una jueza, pero no existe tensión ni institucional ni personal.