La convocatoria de elecciones anticipadas ha dejado en el limbo numerosos proyectos dependientes de la Administración central, puesto que su ejecución está subordinada a la voluntad del Ejecutivo que salga de las urnas tras la cita del 28 de abril. No obstante, parece que la incertidumbre no planeará sobre dos importantes actuaciones que afectan a la provincia: la sustitución de trenes pertenecientes a las líneas de Media Distancia y de Cercanías y la liberalización de la AP-7 a partir del 1 de enero del 2020.

Respecto a las mejoras en el ámbito ferroviario, Renfe ha establecido un calendario de actuación que contempla que antes del mes de junio se liciten todos los contratos para la renovación de convoyes en todo el país, valorado en 3.000 millones de euros. Este plan contempla que se sustituyan al menos 16 trenes --14 eléctricos y dos diésel-- que circulan a diario por la provincia.

Lo ajustado de los plazos hace que sea prácticamente imposible que se constituya un nuevo Ejecutivo que renueve la dirección de Renfe y cancele estas licitaciones a tiempo. De hecho, ya se ha publicado una de ellas, valorada en 398 millones, que afecta al área metropolitana de Madrid.

PLANES PARALELOS // No hay que confundir este plan de Renfe con los 71 millones de inversión que los Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez habían previsto para la línea C-6, que sí que están en el aire. Así, mientras el primero se limita a renovar la flota de trenes, el segundo contemplaba actuaciones como la sustitución de material móvil, la renovación de trenes ya existentes --sobre todo en materia de accesibilidad--, y obras en las estaciones y en los andenes, etc.

El objetivo era solucionar las carencias que causan retrasos y cancelaciones de trenes casi a diario. Ayer, sin ir más lejos, se suspendió el de las 13.55 horas por «dificultades de disposición de material rodante», informó Renfe, por lo que los viajeros tuvieron que tomar el de las 14.20.

Tampoco peligra la liberalización de la AP-7. Y no solo porque ninguno de los grupos políticos que concurren a las elecciones haya manifestado su intención de revertir esta medida, de aplicación a partir del 1 de enero de 2020, sino porque Fomento ya tiene listos los pliegos del contrato que regulará el mantenimiento de esta carretera cuando pase a manos estatales, tal y como indican fuentes del Ministerio.

discrepancia // El presupuesto anual previsto en esta partida es de 16 millones de euros, una cantidad, por otra parte, considerada como claramente insuficiente por la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, que lo elevaría hasta los 35 millones.

Y es que su director, Manuel Miñes, cree que solo para el tramo de Castellón serán necesarios 14 millones para mantenerlo en buenas condiciones. Asimismo, dicen que no contempla el desgaste que sufrirá la vía por el mayor paso de camiones.