La Audiencia Provincial celebra desde el lunes un juicio con jurado popular contra tres jóvenes de la Vall d’Uixó que en el 2016 okuparon, presuntamente, un chalet del Grao de Moncofa para hacer una fiesta. Se enfrentan a dos años de prisión por allanamiento de morada, un delito que no suele ser de los más habituales en los juicios de este tipo --en Castellón se han celebrado una decena en los últimos dos años, muchos por homicidios y asesinatos, y todos con veredicto de culpabilidad--.
El catedrático de Derecho Procesal de la UJI, Juan Luis Gómez Colomer, ve necesaria una nueva ley de enjuiciamiento criminal que facilite el trabajo del tribunal del jurado y apuesta por un sistema como el alemán, italiano o francés, donde el jurado popular no solo declara culpable o no culpable, sino que también puede dictar las sentencias.
«En España el problema que tenemos es que hay quien confía en el jurado popular y quien no lo hace. Nuestra Constitución lo contempla y, por tanto, hay que respetarlo. Sin embargo, sería interesante revisar su funcionamiento y valorar, por ejemplo, la posibilidad de que pudiera imponer penas con la ayuda de un magistrado, como se hace en otros países europeos», relata.
El fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, coincide en que «cabría replantear qué hechos delictivos» puede enjuiciar este tipo de tribunal. Sorprendido por que en el caso del presunto allanamiento de Moncofa no se haya llegado a un acuerdo antes de constituir el jurado popular y celebrar el juicio, respeta que la Constitución recoja dos tipos de justicia --profesionalizada con jueces o magistrados y los tribunales legos con ciudadanos--, pero aboga por una reforma de la ley del tribunal del jurado.
CRÍMENES CON JURADO / El crimen de Maikel --2018--, el homicidio del Eurosol y el crimen de los perros de Benicarló --2016-- o el doble asesinato de Càlig --2015-- son algunos de los juicios con jurado popular celebrados en los últimos tiempos en la capital de la Plana. En la mayoría de las ocasiones, los jurados analizan en la provincia delitos de sangre, aunque pueden enjuiciar otros supuestos --de tipo económico, omisión del deber de socorro, negociaciones prohibidas, etc--.
Cada miembro del tribunal cobra por día 67 euros y cuenta con dietas incluidas y alojamiento en hotel en caso de que fuera necesario que pasara la noche en plena deliberación de veredicto --un hecho poco frecuente--. La Audiencia celebró en 2018 un sorteo para elegir a 1.500 ciudadanos que forman parte de la bolsa de candidatos para los jurados populares de este año y el próximo.
