La Conselleria de Hacienda atribuye el déficit registrado en el 2018 en la Comunitat Valenciana, que fue del 1,29% del PIB, a las restricciones en la financiación y al impacto de diversas sentencias judiciales por importe de un total de 210 millones de euros, como la de las Torres de Benidorm o las tarifas de las ITV.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, señaló ayer que, sin las restricciones que el Gobierno central aplicó a la financiación en términos de caja de la Comunitat y las provisiones que se han tenido que llevar a cabo para pagar sentencias, se habría cumplido el objetivo de déficit para el 2018.

Soler destacó que las comunidades que registraron una mayor cifra de déficit al cierre de 2018 fueron Murcia, con un 1,34 % del PIB, y la Comunitat Valenciana, con el 1,29%, «curiosamente las dos autonomías peor financiadas del conjunto del país».

«Este hecho evidencia, una vez más, que la infrafinanciación es el principal escollo que tenemos para cumplir con el objetivo de déficit impuesto; el conjunto de comunidades autónomas partimos de situaciones muy diferentes, y así es muy difícil llegar todos al mismo punto», puso de manifiesto el conseller de Hacienda para reiterar los problemas que causa la infrafinanciación.