El cambio climático aún es, a día de hoy y pese a que se trata de un fenómeno que ha llegado para quedarse, un concepto que cuesta traducir a realidades palpables. No obstante, ya tiene consecuencias materiales para algunos de los sectores económicos más importantes de Castellón. Los modelos de negocio del azulejo o de los cítricos se verán necesariamente afectados por las consecuencias del calentamiento global, pues en los próximos años habrá que realizar una serie de inversiones para reducir emisiones en el caso de la industria y, en el de la agricultura, para sortear la pérdida de productividad de algunas variedades.
Según explicó el responsable del área de Sostenibilidad del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), Eliseo Monfort, la Comisión Europea (CE) ha propuesto a los diferentes sectores industriales una reducción del 80% en las emisiones de dióxido de carbono, un objetivo que este ingeniero químico considera «ambicioso» pero alcanzable si las empresas «combinan las nuevas tecnologías con la implantación de procesos de gestión inteligentes». Monfort es optimista porque, pese a que a finales de los años noventa «se trabajaba para cumplir la legislación», ahora «el paradigma ha cambiado» y «afrontar el desafío ambiental se ha convertido en una cuestión de supervivencia».
Uno de los motivos es que, para las compañías cerámicas, la eficiencia ambiental es cada vez más una cuestión de rentabilidad económica. Hace algunos días, el sector azulejero recibía una buena noticia, pues la Unión Europea lo volvía a incluir en la lista de industrias en riesgo de deslocalización, lo que implica que una parte de sus emisiones será gratuitas hasta el 2030.
No obstante, y aún siendo importante este anuncio, fuentes de la patronal cerámica Ascer apuntaban que el porcentaje de esa asignación gratuita se verá reducido del 76% actual a una cantidad que oscilará entre un máximo del 24% y un mínimo del 3%.
Además, el precio de las emisiones que el sector sí abona, que es fluctuante, va en aumento y este año se sitúa de forma regular en los 24 euros por tonelada, cuando en el 2013 rondaba los cinco euros. Ascer prevé que ya en el 2021 el gasto derivado del comercio de dióxido de carbono se acerque a los 30 millones de euros, cuando hace tan solo dos años era apenas de cuatro millones, lo que obliga a invertir en procesos que permitan reducir las emisiones.
NUEVAS VARIEDADES // Para la agricultura, otro sector clave, el cambio climático será un problema en pocos años, si no lo es ya. El aumento de las temperaturas o el déficit hídrico pueden provocar no solo un descenso de la cantidad sino también de la calidad de la fruta, al alterar factores como la maduración o la floración. Las características y el sabor de variedades como la clemenules son el principal valor añadido de las firmas exportadoras de cítricos a la hora de vender el producto castellonense en Europa. En este sentido, desde el grupo de investigación en Ecofisiología y Biotecnología de la UJI indicaron que el desarrollo de variedades resistentes a estos cambios será clave para encarar el futuro, lo que también requiere de inversiones públicas y/o privadas.
El aumento de costes preocupa en la cerámica y la agricultura por la certeza de que las exigencias que marca Europa son bastante superiores a las de terceros países cuyas producciones, ya sea de baldosas o cítricos, amenazan la posición de las empresas de Castellón en los mercados. Desde Ascer apuntan que estados como China, Irán, India, Vietnam o Turquía tienen normativas más laxas, lo que les permite ser más competitivos y vender más barato, algo que en el caso de la naranja ocurre de forma similar con los países que tienen menos exigencias en el uso de fitosanitarios.
España ha tomado la iniciativa en Europa para luchar contra estas desigualdades, puesto que las ministras en funciones de Hacienda y Transición Ecológica, María Jesús Montero y Teresa Ribera, propusieron en una carta reciente a la CE que los productos que entren en territorio comunitario procedente de países cuyas normativas ambientales sean más permisivas se vean obligados a pagar una tasa compensatoria.
