Hace apenas una semana, la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, aseguró que sería reivindicativa con el Consell de Ximo Puig. Dicho, y hecho. Ayer aprovechó su primera visita institucional a Castelló tras la investidura como president para reclamarle públicamente proyectos pendientes, como la finalización de la ronda de circunvalación, la agilización del Plan General y una financiación más justa, ya que considera la ciudad «el farolillo rojo en los presupuestos autonómicos».
A la lista se sumó después, a preguntas de los periodistas, la reforma del edificio Borrull, que quedó pendiente de cerrar el último mandato y que arrastra complejos trámites para cuadrar presupuesto y necesidades de Ayuntamiento y Generalitat. Puig, que llegó a Castelló un día después de la firma del Acord de Fadrell y se reunió con el equipo de gobierno, tomó nota de la lista de reivindicaciones de Marco y garantizó el apoyo de la Generalitat a los grandes proyectos que tiene la ciudad, con el compromiso de fortalecer la alianza existente entre ambas administraciones.
SOBRECOSTE DE BORRULL // Sobre la reforma de los antiguos juzgados de Borrull, Puig se aventuró a decir que el céntrico edificio «estará operativo en 2022 como sede de justicia social». Y detalló que el consistorio financiará los 12 millones de euros en que se valoró en un principio la obra y el gobierno autonómico el «exceso de presupuesto, hasta 16,8 millones» que costará el proyecto definitivo. Es decir, 4,8 millones para la remodelación, más otros 6,2 millones en los que está tasado el inmueble -ahora de propiedad autonómica pero que pasará a ser municipal, ya sea mediante una cesión o una permuta-. De este modo, Castelló aportará 12 millones y el Consell los otros 11 --entre obra y edificio--. La distribución del espacio será de una tercera parte para servicios sociales autonómicos, y el resto, para municipales. Hoy por hoy, los técnicos del Ayuntamiento están valorando el proyecto antes de firmar el convenio y licitar la obra, cuya ejecución es de 22 meses.
Respecto a la finalización de los 2,2 kilómetros pendientes de la ronda Oeste, que cerrarían el anillo de circunvalación, Puig dijo que forma parte de la estrategia Uneix --a desarrollar hasta 2030-- y que «sería una prioridad esta legislatura», sin concretar más. En cuanto al Plan General, que se remitió a las puertas de las recientes elecciones a la Conselleria de Ordenación del Territorio, afirmó que este mandato «se aprobará ya de forma definitiva». Y de la nueva residencia para mayores que está pendiente, dijo que no se compromete a dar plazos.
Puig también destacó que el Consell trabajará en la aplicación del plan Edificant y en el despliegue de la ley de servicios sociales. Y de la financiación municipal, explicó que para mejorarla se requiere de un Gobierno central «estable» que pueda dar respuesta a estas demandas a través de los presupuestos generales.
Sobre el Acord de Fadrell, manifestó que «un gobierno sólido podrá orientar políticas de progreso». Preguntado por la Diputación, que presidirá el socialista José Martí, calificó el cambio de signo político como «necesario» en una corporación «en la que han pasado muchas cosas».
