El Consell prevé imponer sanciones a los bancos y a aquellos particulares con más de diez propiedades que tengan sus inmuebles vacíos. Las multas se estipularán en la futura Ley de Función Social de la Vivienda. El nuevo reglamento recogerá que en las dos anteriores casuísticas, si la Generalitat les requiere estas viviendas para alquiler social y recibe una negativa aplicarán la sanción correspondiente. «No podemos tener casas sin gente y gente sin casas», señaló ayer el conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, durante su primera visita al Servicio Territorial de Vivienda y Rehabilitación de Castelló.

Posteriormente, el recién nombrado conseller de Unides Podem se trasladó a Vinaròs, donde visitó una construcción de 52 viviendas protegidas que la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) gestiona en ese municipio. Y es que, como resaltó Dalmau, una de sus principales acciones de gobierno se centrará en «potenciar el alquiler social y ampliar el parque público de vivienda hasta en un 30%». Ahora está compuesto por unos 15.000 inmuebles y el objetivo es disponer de 9.000 más en los próximos cuatro años, ya sea a través de la rehabilitación de pisos o la compra de nuevas propiedades.

precio del alquiler // En cuanto al precio del alquiler, el conseller aseguró que buscarán «los mecanismos necesarios para regularizar y limitar el precio para que sea asequible, sobre todo, para la gente joven». De todos modos, Dalmau reconoció que el Consell no tiene las competencias para regularizar o congelar estas cuantías, a pesar del repunte en este sector, ya que esta potestad solo la puede ejercer el Gobierno central. Por tanto, optan por incentivar el alquiler, por ejemplo, a través de algún beneficio fiscal para aquellas personas que arrienden sus viviendas dentro de los precios que marcan los índices de referencia.