El equipo de Gobierno de la Diputación de Castellón ha decidido modificar las bases del Plan 135 de ayudas a los pueblos para ampliar los plazos de liquidación y de petición de prórrogas en los trámites, una propuesta que se aprobará, previsiblemente, en el pleno ordinario de la institución que se celebra este martes.

Según informaron fuentes provinciales, los técnicos han detectado dificultades por parte de los municipios para poder cumplir con los plazos previstos en la normativa, hasta el punto de que lo que se entiende como un exceso de burocracia ha hecho que en estos momentos se estén liquidando proyectos correspondientes incluso al ejercicio del 2017.

La propuesta de acuerdo al plenario señala que se ha «constatado» que existen ayuntamientos y mancomunidades que «no pueden cumplir los citados plazos por causas ajenas a los mismos», de manera que el último día para la liquidación se trasladará hasta el 16 de diciembre; la petición de prórrogas de ejecución podrá realizarse hasta el 15 de noviembre y, finalmente, la adjudicación para la autorización de prórroga tiene como última fecha el 30 de diciembre.

Por tanto, los municipios que deberán remitir a la Diputación hasta el 15 de noviembre del 2019 su petición de prórroga, junto con los motivos que la justifiquen suscritos, bien por el técnico director de las Obras, en el caso de que se trate de motivos técnicos, o bien por el técnico competente. Para que pueda concederse el aplazamiento en la ejecución de las obras, estas deben estar necesariamente adjudicadas y comunicada la adjudicación antes del 31 de diciembre.

Igualmente, el texto que se votará en el pleno establece que las prórrogas que puedan concederse no deberán rebasar la fecha del 30 de junio del 2020.

Declaraciones de consenso

Además, en la sesión está previsto dar el visto bueno a tres declaraciones institucionales. Una promovida por el PP que persigue que la Diputación reserve ayudas para que los municipios puedan elaborar planes de emergencias; una segunda, de Ciudadanos, por la que se pedirá considerar como profesión de riesgo la de los policías locales; y una tercera, del PSPV, relacionada con el problema de la despoblación.

Igualmente, se espera la aprobación de la enmienda a la totalidad presentada por PSPV y Compromís a una moción del PP, por la que se pide al Consell que abone su deuda con los ayuntamientos de la provincia.