La controvertida decisión que tomó la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en mayo del 2017 de trasladar a la veintena de niños del centro de acogida de menores de Segorbe ya tiene respuesta judicial. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado, por ser contraria a derecho, aquella resolución, lo que supone un duró revés a la gestión de la vicepresidenta y consellera Mónica Oltra que da la razón a las Hermanas Terciarias Capuchinas, gestoras en aquel momento de este servicio asistencial concertado.

Los magistrados argumentan que la actuación de la Conselleria constituyó «una vía de hecho de la Administración valenciana», que está considerada como «una grave infracción del ordenamiento jurídico». La sentencia, que puede ser recurrida, dictamina que la decisión de reubicar a los menores en otros centros de acogida de la provincia se formalizó sin previo procedimiento administrativo incoado por dicho departamento. Esa medida, continúa la sala, «no formó parte de ningún supuesto procedimiento que le diera soporte» y se privó a la parte actora de toda posibilidad de defensa.

Tras hacerse público ayer el fallo, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas aseguraron que se van a estudiar «los posibles recursos» y recordaron que se decidió trasladar a los menores, «tras conocer un informe del Servicio de Inspección --compuesto por personal funcionario--, en el que se relataban hechos tales como el empleo de duchas de agua fría en invierno como castigo, comida escasa y en mal estado o llevar a los niños y niñas a supermercados a pedir comida, entre otros hechos».

Según la Conselleria, la propia sentencia expresa «serias dudas» sobre la tramitación de esta denuncia por la vía contencioso administrativa en lugar de que se determine mediante la vía civil. A pesar de las dudas, y en contra del criterio de la Fiscalía, la sala falla en favor de las religiosas.

La parte denunciante, las Hermanas Terciarias, afirmaron ayer que se ciñen a la sentencia, aunque indicaron que confían en poder volver a gestionar el centro del que son propietarias. Y es que cuatro de estas religiosas viven en las instalaciones que reabrieron sus puertas el pasado mes de junio bajo la gestión de la Fundación Amigó, después de que la Conselleria concertara 12 plazas, como informó Mediterráneo.

Por su parte, desde el PP señalaron que el TSJCV «le ha sacado la tarjeta roja» a Oltra y le ha dicho «alto y claro» que no está preparada para gestionar la política de menores «porque solo le mueve el rencor ideológico». Reclaman su comparecencia urgente.