La Diputación de Castellón rechazó este martes destinar los 13,2 millones del superávit a un segundo Plan 135 de ayudas para los pueblos tal y como solicitaba una moción del PP para preservar la legalidad de las cuentas de la institución, explicaron desde el actual equipo de Gobierno provincial.

De hecho, tanto PSPV y Compromís como Ciudadanos (Cs) criticaron al PP por no tener en cuenta los informes de intervención de los técnicos, contrarios a la medida, así como reprocharon a los populares su insistencia, con palabras que fueron desde la afirmación de que la propuesta llega «tarde y mal», del diputado de Hacienda, Santiago Agustí, hasta las de «incomprensión» de Domingo Vicent, de Cs, pasando por las acusaciones directas de Ignasi Garcia, de Compromís, de que los populares tratan de «crear polémica por cuestiones partidistas».

Posturas encontradas

Mientras Salvador Aguilella (PP) defendió que «hay tiempo» para un segundo Plan 135 que «no incumpliría la regla de gasto ni la estabilidad presupuestaria», Agustí aseveró que no resulta viable por razones técnicas y porque estando tan avanzado el año, sería imposible cumplir los plazos y acabaríamos destrozando el presupuesto del 2020, que es lo que ha ocurrido con el del 2019, año en el que se está haciendo frente a una gran parte de las obras del Plan 135-2 del 2018».

Incumplimientos

En un pleno ordinario de octubre en el que los únicos votos negativos emitidos fueron, precisamente, los de PSPV, Compromís y Ciudadanos en este punto, el socialista explicó que «los informes de Intervención correspondientes al segundo trimestre del 2019, cuando el PP todavía gobernaba esta Diputación, ya ponían de manifiesto que la entidad no prevé cumplir el objetivo de la regla de gasto». Añadió que «idéntica consideración ha vuelto a realizar el departamento al actual equipo de gobierno» cuando la Diputación prepara las cuentas del 2020.

El debate sobre esta cuestión llevó a cruces de acusaciones políticas por la responsabilidad de la llamada ley Montoro, aprobada durante el mandato del popular Mariano Rajoy, vigente ahora, y cuyas exigencias hacen, según los técnicos, que la institución se vea «abocada a formular un plan de económico financiero para el periodo 2020-2021 que reducirá de forma sustancial su capacidad de inversión y que únicamente se podría eludir en el caso de que la citada ley dejara de estar en vigor», manifestó el socialista.

Una segunda cuestión generó debate, pese a que acabó con el apoyo de todos los grupos, ya que la Diputación aprobó por unanimidad pedir a la Generalitat que salde la deuda que mantiene con los ayuntamientos de Castellón. En este caso, Elena Vicente-ruiz (PP) reclamó que su partido es el que ha puesto en la agenda de la institución esta cuestión, ya que presentó una moción, que quedó absorbida por la enmienda a la totalidad socialista que, finalmente, obtuvo el visto bueno.

Escaso debate político

El debate político apenas surgió en torno a esta cuestión; rifi-rafes por qué partido es el responsable de la falta de financiación autonómica; en defensa o no de la gestión del Consell del Botànic, y en algunos de los apuntes de ruegos y preguntas, sección en la que el PP volvió a plantear una batería de intervenciones. Todo en plena precampaña cara al 10-N.