Faltan 65 días para que los peajes de la AP-7 entre Tarragona y Alicante se levanten de forma definitiva y no haya que pagar para circular por esta carretera, después de más de 40 años haciéndolo. Esta es prácticamente la única certeza que rodea al proceso de liberalización de esta autopista, al menos en lo que al tramo de Castellón se refiere. Y es que no son pocas las incógnitas que hay por resolver en cuanto a su financiación, su operatividad y a su flujo de tráfico. Preguntas, además, que no es previsible que tengan una respuesta inmediata, ya que la situación de provisionalidad del Gobierno central impide abordar estas actuaciones.
El estudio sobre aumento de tráfico, pendiente
La primera incógnita --que de alguna manera condiciona todas las demás-- es saber qué nivel de tráfico soportará la carretera una vez los turismos puedan circular por ella gratuitamente. Las conclusiones del estudio que tenía que realizar el Ministerio de Fomento al respecto llegarán tarde, ya que no se adjudicará hasta finales de año y tiene un periodo de ejecución de seis meses.
De momento, las bonificaciones a los camiones activadas en el 2018 --y ampliadas este año-- han hecho que el paso de vehículos se haya disparado este 2019, creciendo tres veces por encima del resto de autopistas españolas.
A más vehículos se necesitan más recursos
Si es importante saber el futuro volumen de tráfico de este vial es, entre otras cosas, porque de esta manera se puede conocer cuáles son las necesidades en cuanto a equipamiento. En este sentido destacan los nuevos accesos propuestos por la Conselleria de Obras Públicas --en Benicàssim, Vila-real y Vinaròs-- para establecer mejores conexiones. Pero esto depende, por un lado, de los datos del estudio y, por otro, de una negociación con el Ejecutivo que no se puede producir ahora, a las puertas de los comicios el 10-N.
Desde la Asociación Empresarial Castellonense de Transporte de Mercancías por Carretera advierten, además, de que son necesarias más áreas de descanso en el tramo provincial de la AP-7, al haber muchos más camiones.
El mantenimiento del vial, otra incógnita a resolver
Una vez liberalizada la autopista, ya no será una empresa la que pague el reasfaltado, el cuidado la vegetación o el arreglo de baches: correrá a cargo del Estado. Pero a poco más de dos meses, el Gobierno todavía no ha licitado este servicio, por lo que es imposible que se adjudique antes del 1 de enero. Existe la posibilidad de que desde Fomento se opte por la misma solución que la adoptada con la recién liberalizada AP-1: que sea la anterior adjudicataria la que siga con el mantenimiento pese a haber finalizado la concesión.
Y respecto a este tema, otra duda. ¿Cuánto costará conservar en condiciones la carretera? Según la Cámara de Contratistas, los cálculos del Gobierno son demasiado bajos, y estiman que harán falta unos 14 millones de euros al año solo en el tramo que pasa por la provincia.
¿Y cómo se va a financiar esta carretera?
El ministro en funciones, José Luis Ábalos, ha afirmado en multitud de ocasiones que pese a que el paso de vehículos será gratuito, la financiación de la carretera deberá repercutirse por algún sitio. A este respecto nunca ha sido demasiado claro, aunque ha aludido a que sería necesario un «pacto de Estado» con el resto de partidos para llegar a un acuerdo sobre cómo financiar esta y otras carreteras ahora liberalizadas, aunque sea de forma indirecta. Los empresarios de Alicante han propuesto mantener los peajes, porque ven imposible que el Ejecutivo se pueda hacer cargo de un gasto de esta magnitud.
