Los gobiernos con partidos a la izquierda de la socialdemocracia generan recelo en la Comisión Europea, impregnada de la ideología económica neoliberal. Las políticas promovidas por la Comisión Europea de desregulación, recorte de derechos sociales y rebajas fiscales a las rentas altas y a las grandes empresas agravaron la crisis financiera del 2008 y dejaron a los estados mal preparados ante la recesión. Después, la política de austeridad ha impedido una recuperación robusta, ya que los ajustes limitan la inversión pública y la desigualdad y precariedad impiden un consumo elevado. Tras una segunda recesión en la eurozona en el 2012, la recuperación sólo se consolidó porque el Banco Central Europeo (BCE) inyectó 2,5 billones de euros en la economía. El BCE ha tenido que reanudar este noviembre sus inyecciones de 20.000 millones mensuales ante la debilidad económica.

La izquierda radical Syriza venció en Grecia en las elecciones de enero del 2015, tras cinco años de ajustes draconianos impuestos por la Unión Europea (UE). El rescate evitó elevadas pérdidas a la banca alemana, francesa y de otros países, pero hundió a Grecia y disparó la deuda pública al 179% del PIB. El Gobierno de Alexis Tsipras rechazó más recortes para lograr un tercer rescate y defendió una política alternativa, respaldado por un referéndum. Esto fue interpretado como un desafío por la cancillera alemana, Angela Merkel, la Comisión Europea y la cúpula de la UE, que decidieron castigar a Grecia para impedir nuevas disidencias. El BCE cortó los fondos a la banca griega y la UE impuso a Tsipras un plan de rescate aún más duro o la expulsión del euro.

El presidente de la UE, Donald Tusk, justificó la decisión para evitar «el contagio ideológico» y demostrar que no cabe «otra visión distinta a la política de austeridad».

Tsipras, reelegido en septiembre del 2015, aplicó el nuevo plan, evitando un estallido social, y, por ahora, Grecia sobrevive sin ayuda europea. Pero el coste ha sido inmenso: la economía se contrajo un 27%, el paro aún es del 17%, la población en riesgo de pobreza llega al 31,8%, el PIB per cápita ha caído del 94% de la media europea al 68% y la deuda pública es extrema (180% del PIB). Los ajustes hicieron perder a Syriza las elecciones en el pasado mes de julio, donde venció Nueva Democracia, el partido conservador responsable de la crisis, ya que falseó durante años y años las cuentas públicas.

La formación del Gobierno socialista portugués de Antonio Costa en noviembre del 2015, respaldado por el Partido Comunista y el Bloque de izquierda, también desató la alarma en Bruselas. A pesar de las objeciones de la Comisión Europea, Costa ha reducido el déficit público sin ahogar la economía. Tras la experiencia de Syriza, Costa optó por evitar choques frontales, respetando las reglas presupuestarias, pero sin aplicar las medidas antisociales preconizadas por la UE.

El Gobierno ha aumentado el salario mínimo de 505 a 600 euros mensuales, ha revalorizado las pensiones, ha subido el sueldo a los empleados públicos, ha incrementado los impuestos a las grandes empresas y a las rentas altas y los ha rebajado a las pequeñas empresas y a los salarios bajos y medios. Costa se ha apoyado en el consumo, el turismo, las exportaciones y la construcción, favorecida por los visados dorados y las exenciones a residentes y jubilados foráneos. El crecimiento de Portugal ha sido superior a la media de la eurozona desde el 2016, pero la inversión pública se ha restringido para poder reducir el déficit público hasta el 0,1% del PIB en el 2019. La tasa de paro está en el 6,6%, pero la mayor parte de los nuevos contratos son temporales. El «milagro portugués» fue reconocido con la elección del ministro de Finanzas, Mario Centeno, como presidente del Eurogrupo en el 2017. Pese al nivel nulo de déficit público, la Comisión ha pedido esta semana ajustes adicionales en el presupuesto portugués para el 2020.

Desconfianza con Italia

El nuevo Gobierno Giuseppe Conte en Italia, formado en septiembre por los antisistema del Movimiento 5 Estrellas, los socialdemócratas del Partido Democrático y la izquierda de Libres e Iguales también despierta recelos. A pesar de que la economía italiana está estancada y el déficit público se sitúa en el 2,2% del PIB, la Comisión Europea pide más ajustes presupuestarios y valora negativamente los planes de inversión y el coste de sus medidas sociales.