Se avecinan nuevos retrasos para la aprobación definitiva del Plan General (PG) de Castelló, anulado desde el año 2008.

La Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica que dirige Mireia Mollà, de Compromís, desvelaba este mismo martes, a solo tres días de vencer el plazo comprometido --previsto para el viernes 29 de noviembre-- para dar el visto bueno definitivo a la evaluación ambiental de la parte estructural, que ahora falta documentación del Ayuntamiento de Castelló. Una afirmación que, cuanto menos, llama la atención si se tiene en cuenta que la propia consellera mantuvo el pasado 24 de octubre una reunión de trabajo con la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco, en la que comprometió a acelerar el documento y en la que no hizo referencia alguna a la deficiencia de datos municipales.

Sin embargo, fuentes de esta administración autonómica se descolgaron destacando la falta de esta documentación necesaria para que la subdirección de Evaluación Ambiental pueda dar el ok a esta declaración ambiental, uno de los informes necesarios para que pueda ir avanzando la aprobación del plan urbanístico. Por este motivo, dicha declaración no podrá ser remitida al municipio antes del 29 de noviembre según se habían comprometido desde la Generalitat.

Esta demora es un nuevo revés para el PG ya que, tal y como recordaron desde la Conselleria de Mollà, «la solicitud de estos datos necesarios al consistorio se realizó y se dio como fecha tope el 29 de mayo, por lo que dimos la fecha de noviembre para la finalización de esta declaración ambiental porque contemplábamos que estuviera toda la documentación solicitada para el expediente técnico». Unos datos municipales que, según confirmó la Conselleria a Mediterráneo, todavía no han llegado aún en su totalidad a los técnicos que deben de dar el ok al escrito técnico.

FRENAZO AL PLAN

Este nuevo frenazo a la aprobación del PG supone un jarro de agua fría para el desarrollo urbanístico ya que un nuevo retraso puede resultar negativo para la ciudad, a pesar de haberse realizado ya una segunda prórroga de las normas transitorias urbanísticas.

Hay que recordar que una vez la Conselleria emita el informe de este impacto ambiental --ahora aún sin fecha--, el consistorio modificará parte del PG y lo volverá a exponer al público con el fin de que los ciudadanos puedan presentar alegaciones. La falta del plan general, tal y como reconoció el concejal de Obras Rafa Simó hace unas semanas, perjudica a la economía de la capital de la Plana. La aprobación definitiva correrá a caro de la Conselleria de Obras Públicas.