Las expectativas de lograr una reducción de los peajes que el azulejo paga por el gas no solo están cada vez más lejos, sino que el plan de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) pasa por que se incrementen en el 2020, de aprobarse la circular al respecto que podría debatirse esta misma semana.

Es una de las conclusiones a las que han llegado las once asociaciones que representan a la industria española intensiva en el uso de gas, entre las que están Ascer y Anffecc, así como a a Acogen (se ocupa de la cogeneración e incluye también a las patronales azulejera y de esmaltes), tal y como señala una extensa carta que, con fecha del pasado lunes, han remitido al presidente de la CNMC, José María Marín, y a los consejeros de la entidad. Según la misiva, a cuyo contenido ha podido acceder Mediterráneo, explica que la simulación realizada por las empresas del «impacto de la metodología propuesta en la circular de peajes para el 2020 frente a a la situación marcada por los peajes vigentes constata de manera irrefutable un incremento global en el coste de los peajes industriales» para el próximo año.

Dos versiones

Esta previsión contradice, apunta el texto, la que realiza Competencia porque no incorpora «el efecto del peaje transitorio de otros costes de regasificación sobre el total».

De este modo, la propuesta de la CNMV no solo «mantiene las sobrerretribuciones» a las empresas gasistas, como informó hace escasos días este diario, de modo que en el periodo regulatorio 2021-2026 se seguirá pagando a estas firmas 586,4 millones de euros anuales «por activos ya amortizados» y que el único avance pasa por «actualizar gradualmente 239 millones de euros al final del periodo regulatorio», sino que supone un incremento de los costes para las azulejeras y resto de grandes consumidores.

Ante su preocupación por el «resultado que tenga el paquete de circulares aprobadas en los peajes que paga la industria», las patronales advierten en la carta de que no pueden descartar, una vez finalice el proceso, encargar un análisis jurídico de las circulares de transporte y distribución que «dilucide su encaje en el marco jurídico y, en particular, sobre su posible calificación como ayuda de Estado no compatible con la normativa comunitaria y, en su caso, actuar ante las instancias europeas competentes».