La provincia de Castellón cuenta con 111.857 personas con más de 65 años, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una cifra que, a pesar de ir al alza por el progresivo envejecimiento de la población, no se traduce en nuevos servicios asistenciales para este colectivo. La atención a las personas mayores es un servicio social, por tanto, es la administración, en este caso la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la máxime responsable de asegurar plazas públicas en este tipo de recursos. La provincia dispone de una treintena de residencias y una veintena de centros de día, la mitad de ellos integrados dentro de un hogar para mayores. Castellón tiene asignadas cerca de 2.300 plazas en residencias y centros de día financiadas con fondos públicos de las cerca de 3.100 existentes.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) insiste en que la escasez de servicios para la gente mayor es «una emergencia social» y calcula que para cumplir la ratio a nivel nacional, situada en 4,19 plazas por cada 100 habitantes, la provincia necesita más de 1.500 nuevas, lo que se traduciría en cerca de una veintena de centros.
El problema puede ser aún más grave si se tiene en cuenta que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estipula una ratio de cinco, solo cumplido por pocas comunidades autónomas. Y es que, según un reciente informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, tomando como referencia la tasa de la OMS, la Comunitat tiene un déficit de 20.844 plazas.
colaboración // «Es necesario contar con una red de centros para personas mayores, faltan muchas plazas, nosotros insistimos en la necesidad de apostar por una colaboración público-privada para construir residencias, centros de día y potenciar la atención domiciliaria», señala el presidente de Aerte, José María Toro, quien lamenta que desde el Gobierno autonómico no se esté dando una respuesta a esta problemática de forma eficaz y ágil. «Desde que plantean una residencia, como la de Sant Mateu, hasta que esta abrirá sus puertas pueden pasar ocho años», asegura.
El problema radica en que no hay centros totalmente públicos para atender la demanda creciente, especialmente, entre los dependientes. En la provincia solo hay dos residencias de titularidad y gestión pública, la del Lledó de Castelló, cuyos usuarios está previsto trasladar por obras en el edificio, y la de Burriana.
Por tanto, ante la inacción del Gobierno autonómico es la iniciativa privada la que está tomando la delantera y construyendo una nueva red de instalaciones en la provincia. Sin ir más lejos, en los próximos meses abrirá una residencia en la zona del PAI Lledó de la capital de la Plana.
De ahí que la Conselleria apueste por la concertación, pero existe un inconveniente. Son las empresas las que deciden si concurren o no. No todas pueden o quieren este tipo de plaza por el hecho de que cuenten con una elevada ocupación o por retrasos en los pagos. En los dos últimos concursos salieron 500 y 115 de ellas quedaron vacantes.
