Garantizar la salud del funcionariado, pero evitar la paralización de la Administración de la Generalitat cuyos servicios son necesarios para la ciudadanía. Este es el objetivo que se ha marcado la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas que dirige Gabriela Bravo y que tiene asignada las competencias sobre recursos humanos de las conselleries sin contar docentes y sanitarios.

Unas 15.000 personas que, como el resto de valencianas y valencianos, estaban a la espera de instrucciones sobre cómo y en qué condiciones tienen que hacer su trabajo. Durante un fin de semana frenético en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha decretado el estado de alarma, la conselleria de Bravo ha elaborado una orden para determinar los servicios mínimos y evitar una posible estampida de la plantilla. La Generalitat, apuntan fuentes de la conselleria, trabajará a medio gas, pero no se paralizará.

La orden, dictada este fin de semana, contiene una serie de instrucciones de carácter general, aunque cada conselleria podrá tomar medidas específicas en función de sus necesidades. La clave es la flexibilidad, de tal manera que las rigideces que suelen acompañar las decisiones que afectan al personal público saltan por los aires por la crisis sanitaria generada por el coronavirus. Aunque se facilitará el trabajo por medios telemáticos en aquellos casos que sea posible, buena parte del funcionariado sigue con la obligación del trabajo presencial. Eso sí, se establecerán turnos de trabajo de tal manera que el aforo se reducirá con el fin de cumplir con las medidas de «distancia social» para evitar contagios.

Se podrán cambiar los horarios

Para la adecuada prestación de los servicios, los horarios se podrán modificar. Además, la conselleria deja claro que la suspensión de actividades de una unidad o centro de trabajo «no determinará per se que el personal empleado público deba dejar de asistir a su puesto de trabajo», dice la resolución.

Es más «en aquellos casos en que materialmente sea imposible la realización de las funciones del puesto, el personal empleado público podrá ser adscrito temporalmente a otras unidades o centros de trabajo». Es decir, una suerte de movilidad forzosa, en el caso de ser necesario. Solo en el caso de que el personal «no pueda ser reubicado y por lo tanto deba permanecer en su domicilio, el tiempo que dure esta circunstancia tendrá la consideración de tiempo de trabajo efectivo».

La Generalitat será también permisiva con aquellas funcionarias o funcionarios que tengan problemas para conciliar por tener que hacerse cargo de menores o mayores, así como con aquellos que tengan una situación de vulnerabilidad mayor, con patologías previas, que puedan complicar su estado de salud en caso de contagio.

Respecto a los primeros, el Consell se les permitirá flexibilidad horaria e incluso permanecer el domicilio sin trabajar pero tendrán que justificar su situación aportando declaración responsable y el libro de familia. Si ambas personas progenitoras son personal público, sólo una se verá beneficiada de la exención de no trabajar.

Las medidas de prevención serán más contundentes en los servicios de atención al público, donde se priorizará la atención telefónica y telemática. «Para el caso de atención presencial se establecerán, si fuese necesario, los turnos imprescindibles para garantizar la prestación del servicio», añade.

La resolución no habla de 'teletrabajo', pero sí de modalidades no presenciales de trabajo. Y especifica que se entiende por ello «no solo aquel que se pueda realizar por medios telemáticos, sino también el despacho ordinario de asuntos desde el domicilio particular». La resolución contiene otra serie de consideraciones que tienen que ver con medidas de actuación en caso de que se detecte algún caso de contagio en el puesto de trabajo. Todo el personal tiene obligación de informar en caso de dar positivo en la prueba y si se encuentra mal en su puesto de trabajo, se prevén medidas de aislamiento preventivo en un espacio cerrado, «preferentemente un despacho cerrado con ventana». Además, se limitan viajes, reuniones, etc.

A partir de esta resolución general, a lo largo del fin de semana y desde ayer, las diferentes subsecretarías han ido dictando sus propias instrucciones internas. Unas más estrictas que otras. Casi todas las conselleries establecen la obligación de trabajo presencial para los órganos directivos. Así, la dirección funcionarial tendrá que ir físicamente a su puesto de trabajo, pero no todas son igual de estrictas respecto a los servicios mínimos.

Así por ejemplo, Políticas Inclusivas quiere tener trabajando al personal burocrático de la gestión de la dependencia o la renta de ciudadanía, así como los que se dedican a nóminas. Territorio, por ejemplo, dicta con carácter general que toda su plantilla permanecerá en su domicilio con trabajo a distancia salvo que se les comunique lo contrario. Agricultura, por ejemplo, extiende la prevención para los mayores de 60 años.