La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ha instalado todo tipo de medidas para proteger a trabajadores y operadores jurídicos de las sedes judiciales valencianas. El departamento que dirige Gabriela Bravo ha colocado barreras en todos los juzgados valencianos. También ha ejecutado compras por un valor de algo más de 95.600 euros para adquirir mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico y elementos desechables para la protección de los funcionarios de justicia.
