El nuevo decreto de admisión para los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, recogido el lunes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), cuenta con el respaldo de FAMPA Castelló. Las familias consideran «positivo» que Educación otorgue más puntos a las rentas valencianas de inclusión (pasarán de tener dos de máximo, a cuatro) para «evitar los guetos en la provincia y distribuir mejor al alumnado». Así lo explicó ayer el presidente de FAMPA Castelló, Pep Albiol, quien destacó que la nueva norma «no presenta grandes variaciones, pero atiende reivindicaciones realizadas por los padres». Por lo que respecta a la decisión de la Conselleria de garantizar plaza escolar en el municipio donde reside el alumnado, FAMPA Castelló celebra que blindeN la necesidad de que los niños estudien «en su entorno más próximo». «El decreto establece que en los municipios con más de diez centros --en nuestro caso, solo Castelló-- tendrán también una división por áreas de influencia y la escolarización de los menores estará garantizada dentro del área en la que se ubique la vivienda», concretó Albiol.

Según detallan desde la Conselleria, el nuevo decreto incluye lo que las leyes educativas estatales, tanto la LOE como la LOMCE, ya apuntaban, pero que la normativa valenciana aún no recogía. Por tanto, se trata de una «modificación más garantista» para asegurar plazas escolares sostenidas con fondos públicos durante la enseñanza obligatoria y también antes, en el segundo ciclo de Infantil (de tres a cinco años).

Asimismo, modificaN el procedimiento del sorteo público para los desempates con el fin de hacerlo «más justo e igualitario». De este modo, se dirimirán aplicando sucesivamente la mayor puntuación obtenida en existencia de hermanos matriculados en el centro, padres o tutores trabajadores del centro, proximidad del domicilio o del puesto de trabajo de los padres y destinatario de la renta valenciana de inclusión, entre otras cuestiones.

Recoge, asimismo, la prioridad en el acceso de los niños y adolescentes en acogida residencial, familiar o en guarda con fines de adopción, así como a las víctimas de violencia machista.