Las grúas han seguido funcionando prácticamente en todo momento dentro del periodo de confinamiento, y los datos de empleo distan mucho de los resultados catastróficos que han arrojado las empresas de hostelería. El sector de la construcción ha resistido mejor el efecto económico del coronavirus, aunque la mirada está puesta en lo que pueda ocurrir en unos meses.

El presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (Apecc), Fernando Alfonso, valora que, con la salvedad del parón obligado de la primera quincena de abril, «la actividad se ha mantenido con bastante normalidad, aunque se debe tener en cuenta que las obras se planifican con mucho tiempo, y por tanto casi todas ya estaban programadas» antes de que llegara la emergencia sanitaria actual.

La fortaleza que vive en estos momentos el sector quedó patente con la publicación de los datos más recientes del paro. En mayo, 198 personas lograron salir de las listas de demandantes de empleo en este segmento. Un número poco abultado, pero que contrasta con los tres meses en rojo que arrastran las demás ramas de actividad. A pesar de ello, Alfonso menciona que hay «unas 2.300 personas que todavía no han salido de los ERTE, y aún desconocemos con exactitud el motivo».

OTOÑO / Las dimensiones del impacto del coronavirus sobre la construcción, que en la provincia emplea a unas 15.000 personas, se apreciarán con mejor detalle «cuando pase el verano, en segmentos como el de las reformas», detalla el presidente del colectivo. Para ello serán fundamentales las anunciadas líneas de ayudas para la rehabilitación, con su consiguiente efecto en otros campos como el del azulejo. En cambio, «estamos pendientes de saber cómo estarán las nuevas promociones y la obra pública cara al 2021». Por el momento hay poco movimiento, y se desconoce si tiene que ver con la paralización de los procesos administrativos, o la contracción de los inversores, y su consiguiente efecto sobre el ladrillo provincial.

Dentro de esta línea se mueve el gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, Manuel Miñés, quien destaca que en Castellón «se están llevando a cabo los procesos ya previstos en los primeros meses del año, pero luego ha habido un descenso», a la espera de novedades para un 2021 que, en líneas generales, se antoja complicado.

LEGISLACIÓN / Por otro lado, Fernando Alfonso se muestra crítico por la nueva legislación autonómica para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat mediante los derechos de tanteo y retracto. «Tal y como está, creemos que supondrá un endurecimiento en el acceso de los ciudadanos a los créditos para la adquisición», señala. Además, considera que puede generar inseguridad jurídica en un sector que ya sufrió una fuerte depreciación de sus activos con la crisis de la década pasada.