Castellón se encuentra inmerso en un colapso administrativo con motivo del estreno, el pasado 15 de junio, del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La gran cantidad de demandantes y la paralización de los trabajos debido a la crisis sanitaria ha provocado una «sobrecarga» en los Centros de Información y Atención de la Seguridad Social (Caiss).
Así lo denuncian la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) en Castelló, que alertan de la «avalancha» de peticiones recibidas para acceder a la ayuda estatal, encontrándose con una demora de cita previa de «varias semanas».
Una prestación, aseguran, llamada a ser un salvavidas para las familias con escasos recursos sobre las que pesa el umbral de la pobreza y el riesgo de exclusión, pero que dicen «no llega a todos».La responsabe de Política Social de CCOO en la provincia, Ana Belén Montero, aseguró a Mediterráneo que existen «deficiencias importantes tanto en competencia como en gestión, y al hacerlo de forma precipitada, hay personas que se quedan fuera», por lo que piden «reforzar la plantilla de los centros Caiss, especialmente tras la crisis sanitaria, motivo principal por el que se redujo el personal al tiempo que se incrementaban las consultas, así como reformar la base estructural de la normativa para que la ratio de beneficiarios sea más flexible».
En este marco, los sindicatos fijan una postura conjunta. Alertan de que el volumen de trabajo en la atención del Ingreso Mínimo «es bestial, con el plus de la pandemia», y advierten que tanto teléfonos como web dan un tiempo de espera de «varias semanas» para la cita previa, lo que podría afectar a «cerca de 11.000 castellonenses cuya situación económica es bastante precaria». A esta situación se suma un agravamiento de la brecha digital, al tener difícil acceso muchos de los solicitantes a un ordenador o a internet. «La propia naturaleza de la prestación obliga a tramitarla de forma telemática, por lo que los demandantes «no pueden avanzar sin dar el primer paso», puntualizó Montero.
Un 10% de casos resueltos
El secretario general de UGT en Castellón, Paco Sacacia, señaló que el IMV «sólo ha llegado a cerca del 10% de los castellonenses que podrían acceder al mismo, debido a la complejidad de la documentación a presentar y al retraso en la gestión», y propone que «una solución ideal sería la colaboración directa entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento». Cabe recordar que cerca de 11.000 hogares de Castellón -la ayuda va dirigida a una unidad familiar-- podrían cobrar la prestación, y solo mil han dado el primer paso, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
Por último, la responsable de CCOO reivindicó la necesidad de desarrollar un marco legal de inclusión sociolaboral. «Valoramos positivamente la ayuda, pero realizar pagos sin un incentivo laboral no basta». Al respecto, la patronal exige la ampliación normativa del IMV con el objetivo de promover la inserción laboral y la inclusión en el tejido social
A la espera del ‘ok’ estatal
El IMV es compatible con la Renta Valenciana de Inclusión de manera proporcional. No obstante, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, dirigida por Mónica Oltra, aseguró haber detectado duplicidades que «no se pueden cuantificar» hasta que no se ponga en marcha el mecanismo de compartir datos entre las administraciones estatal y autonómica. «Lo que hemos hecho es poner al día al Ministerio de las personas que se incorporan al IMV».
Fuentes de la Generalitat valenciana aseguraron a Mediterráneo que han hecho «todo lo posible», y pasan la pelota al Ejecutivo. «La Conselleria ha abierto la puerta al Gobierno central mediante Real Decreto para que comparta datos con la institución autonómica de los beneficiarios de la prestación. El resto lo dictan ellos», señalaron.
Durante la reunión mantenida esta semana entre Oltra y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se puso sobre la mesa el modus operandi del mecanismo. «Consistirá en que desde Igualdad se hará una consulta masiva de beneficiarios de la RVI y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) dará las cifras de aquellos que tengan concedido el IMV y por qué cuantía», destacaron.
Las oenegés alertan que gente queda fuera de la ayuda
Organizaciones como Cáritas lamentan que se «excluya» del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a las personas en situación administrativa irregular, a pesar de que la propia Ley Orgánica de Extranjería reconoce su derecho a acceder a prestaciones sociales básicas», así como «a los menores de edad o a personas con enfermedades crónicas», apuntan.
Desde esta oenegé y Cruz Roja acompañan al solicitante durante el proceso de tramitación del IMV. Así, las entidades están en contacto permanente, mediante llamadas de seguimiento, con los beneficiarios de estos proyectos durante el proceso, facilitando la gestión de la prestación a personas en situación de vulnerabilidad.
