El Colegio de Registradores de la Propiedad de la Comunitat Valenciana ha solicitado a la Conselleria de Vivienda que realice una serie de «correcciones técnicas» sobre el nuevo decreto que posibilita la compra preferente de la Administración de inmuebles singulares, incluidos los privados procedentes de daciones en pago o ejecuciones hipotecarias, entre otros casos. Este colectivo profesional, que fue sondeado en la elaboración de la nueva normativa, junto con otras entidades, ha observado errores a subsanar desde que entrara en vigor el pasado 12 de junio. Sin entrar al detalle, desde el colegio sí efectúan la consideración de que en esa práctica del día a día «han surgido dudas a los profesionales que la Conselleria de Vivienda se ha comprometido a aclarar», y están «a la espera de ello», señalan.

La pretensión es, fundamentalmente, que este nuevo decreto destinado a ampliar el parque de vivienda pública mediante el derecho de tanteo y retracto de transmisiones singulares «no paralice el tráfico jurídico inmobiliario y ofrezca seguridad jurídica», inciden desde el decanato autonómico de registradores.

Con todo, puntualizan que al tratarse de correcciones técnicas y no de enmiendas, estos cambios sí se podrían incorporar en el desarrollo del decreto con posterioridad a su convalidación en Les Corts, prevista para mañana.

En cuanto a las críticas al decreto de constructores, inmobiliarias y notarios, por cuanto que perjudica y frena la venta de viviendas, el conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, aseguró el viernes que llevará el decreto como tal (y no como proyecto de ley, que permitiría enmiendas), «sin modificaciones».

A las quejas de los notarios del bloqueo y colapso que supone tener que esperar 60 días para formalizar una venta de un inmueble susceptible de que el Consell ejerza su derecho de compra para el parque público, Martínez Dalmau respondió que la respuesta de la Conselleria es de «días» y «más rápida que antes», aunque se comprometió a agilizarlo más. El presidente de Apecc, Fernando Alfonso, apuntó ayer que el 16 de julio valorarán qué paso dan y será la junta de gobierno quien decida si se interpone un recurso de inconstitucionalidad (como también se plantea el PP).