El Impuesto de Bienes Inmueble, el que pagan los propietarios de una vivienda anualmente, es una parte sustancial de los ingresos de un ayuntamiento. Pero lo es mucho más para los municipios del litoral de la provincia de Castellón, donde esta tasa supone más del 50% del dinero que aparece en el capítulo de ingresos de sus presupuestos. Un porcentaje alto incluso entre los destinos turísticos del resto de España y que prácticamente dobla al que marca la media nacional.

Orpesa es el ejemplo más claro. En el 2019, según los datos del Ministerio de Hacienda, el IBI aportó 12.714.389 euros a las arcas municipales de los 20.550.761 que aparecieron en el capítulo de ingresos. Es decir, el 61,8% del total, muy por encima de otros impuestos directos como el de actividades o el de vehículos. La presencia de Marina d’Or es determinante en este sentido, en un municipio que pasa de tener 9.000 habitantes en invierno a más de 100.000 en época veraniega.

Algo que no sucede, por ejemplo, en Castelló, mucho menos dependiente del turismo. El año pasado, de los 179 millones que el Ayuntamiento percibió como ingresos, solo el 38%, 69, fue del pago de IBI rústico, urbano o de características especiales.

Al alza // Una manera de incrementar la recaudación a través del IBI es revalorizarlo. Es lo que va a hacer este año Alcalà de Xivert, donde aumentará un 3%. Se trata, asimismo, de una de las localidades donde más peso tiene el impuesto, que supone el 52% del total de ingresos (6,3 de los 12,2 millones de euros recaudados durante el pasado ejercicio).

Peñíscola no ha revisado sus valores catastrales, pero allí también supuso el IBI un 52% de los ingresos anuales (8,3 millones de 15,8); exactamente el mismo porcentaje que en Benicàssim (15,3 de 29,4). Cerca, con un 46% del total, se queda Moncofa.

Cifras, en definitiva, muy alejadas del 28% que marca el Consejo General de Economistas y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) como media entre los consistorios españoles. Para ver la importancia de la evolución de este impuesto, un dato. Los ayuntamientos de Castellón ingresaron durante el 2017 en concepto de IBI un total de 225,1 millones de euros. Una década antes, ascendieron a 144,4.

Para el analista y exresponsable de estudios de la Cámara de Comercio de Castellón, Enrique Domínguez, el hecho de que el IBI tenga un peso tan elevado dentro de los presupuestos de los ayuntamientos «refleja debilidades». «Hay una distorsión entre lo que deberían ser y lo que son esas economías. Deberían diversificar la actividad para que no sea todo tan dependiente del turismo, obtener más fuentes de ingresos. Es un modelo endeble cara al futuro», manifiesta Domínguez.

«Hicimos muchas viviendas para campos de golf que no se construyeron y han quedado inutilizadas. Si tienes turismo todo el año no es tan problemático, pero aquí solo hay tres meses. Llevamos 40 años luchando para la desestacionalización de la actividad y todavía no lo hemos conseguido», dice.

Actualización // El 2020 llegó con la actualización de los valores catastrales de 16 localidades de la provincia, lo que afecta al pago de este impuesto. En cuatro de ellas se revisaron a la baja, Aín, Castelló, Moncofa y Vistabella; y en el resto se hizo al alza: Alcalà de Xivert, Algimia de Almonacid, Almedíjar, Borriol, Cervera del Maestre, Chóvar, les Coves de Vinromà, Culla, les Alqueries, Rosell, Santa Magdalena de Pulpis y Tírig.

La petición de actualización se presenta por parte de los ayuntamientos a la Dirección General por entender que los valores que estaban vigentes no se ajustan a la realidad del mercado. También es necesario que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor del último procedimiento de valoración colectiva de carácter general; y que existan diferencias sustanciales y homogéneas entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes.

IBI con función social // En relación a este impuesto, el Ayuntamiento de Castelló dio a conocer que está analizando la situación de las viviendas deshabitadas para elaborar un plan estratégico con el objetivo de incrementar un 50% el IBI en los inmuebles de grandes propietarios en desuso y lograr su movilización, de acuerdo con la ley de función social de la vivienda de la Generalitat.

Decisión que anunció la edila de Vivienda, María Jesús Garrido, quien destacó que el plan tiene un plazo de elaboración de seis meses. Según Garrido, hay más de 11.000 pisos en Castelló vacíos y el precio del alquiler registra una subida anual del 12%, por lo que pretende «garantizar el derecho constitucional de la vivienda».

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