Castelló deberá adaptarse en tres años a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética estatal, que afectará en todo el país a 148 localidades, con la capital de la Plana entre una de las ciudades implicadas.

La normativa, impulsada por la ministra Teresa Ribera, establece que los ayuntamientos tendrán que introducir iniciativas --como la restricción de circulación de vehículos contaminantes-- para reducir los gases de efecto invernadero procedentes del tráfico rodado, no más allá del 2023.

El objetivo del Ejecutivo para la Transición Ecológica es reducir las emisiones netas de dióxido de carbono (CO2) un 20% respecto a 1990 para el 2030. La propuesta, presentada hace poco más de un mes, alerta de que la regresión de esas franjas urbanas de baja polución «deberá contar con el informe del Ministerio y Generalitat».

Además de la capital de la Plana, en la provincia de Castellón las exigencias que establece esta estrategia política nacional también implicarán a Vila-real, así como a otras ciudades con más de 50.000 habitantes de la Comunitat Valenciana como Alicante, València, Elche, Torrevieja, Torrent, Orihuela, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig o Elda.

Exentos del cumplimiento de esta normativa se encuentran Burriana, la Vall d’Uixó o Vinarò, que no alcanzan la cifra mínima marcada por el Ministerio. De esta manera, se iniciará la tramitación del primer proyecto legislativo para que España alcance la neutralidad de emisiones de dióxido de carbono no más tarde del 2050.

Respecto a las medidas a adoptar, la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, aseguró que el «Ayuntamiento es conocedor de esta ley y está a la espera de su aprobación definitiva para adaptarla al ámbito municipal e implementar así las directrices que recoja a través de un paquete de medidas específicas que contribuyan a convertir Castelló en una ciudad sostenible y segura para el futuro».

Plan sostenible

Amparo Marco apuntó que «algunos de los requisitos que previsiblemente recogerá la ley para la reducción de emisiones ya se requieren en convocatorias de fondos europeos para los que ha solicitado ayudas este equipo de gobierno en materia de movilidad, como el proyecto de semipeatonalización de la avenida Lledó o el servicio de transporte público a demanda para las zonas de montaña y grupos periféricos».

Según la alcaldesa, «en ambos casos se trata de iniciativas que disminuyen la huella de carbono anual y el consumo de energía, que es lo que exige Europa para garantizar la salud de toda la población y un correcto cuidado del entorno», concluyó.