La conflictividad juvenil es una realidad en la que la tipología de los delitos está cambiando de acuerdo al empleo o, mejor dicho, el mal uso que los adolescentes hacen de las nuevas tecnologías. El fiscal jefe de menores de Castellón, Carlos Escorihuela, alerta de un incremento en infracciones relacionadas con las amenazas a través de las redes sociales y del llamado sexting, es decir, el envío de imágenes comprometidas de una persona a otras con el objetivo de causarle algún tipo de daño. «Los jóvenes deben saber que no todo vale», asegura el responsable del Ministerio Público.
«Son temas que presentan una difícil solución, son más de educar que de sancionar», remarca Escorihuela, al tiempo que señala que la mayoría de estos procedimientos se resuelven con mediación y no llegan a juicio.
Otra de las infracciones que ha aumentado en los últimos años es la que hace referencia a la violencia en el ámbito familiar, es decir, hijos que agreden a sus padres. Estos casos acaban en Fiscalía tras fracasar otros eslabones asistenciales como los Servicios Sociales.
Piso compartido
Para este tipo de casos, así como para algunos otros, se ha puesto en marcha un proyecto de convivencia en un grupo educativo, es decir, chavales de unos 17 años que viven en una misma casa y deben cumplir unas rutinas, hábitos y normas estipuladas. Esto resulta clave a la hora de reconducir su situación conflictiva porque, como señala Escorihuela, el establecimiento, por parte de los padres, de rutinas y hábitos, evitando un ocio excesivo, es fundamental.
Escasa reincidencia
La reincidencia en los menores es baja, según explica el fiscal jefe, ya que asimilan las medidas correctivas. La que más se impone, la libertad vigilada, conlleva la elaboración de un plan de actuación, por parte de un gabinete de expertos, en el que el joven deberá realizar tareas o acudir a talleres para paliar carencias formativas o controlar impulsos, entre otras cuestiones.
También resultan efectivos los trabajados en beneficio a la comunidad. En la práctica, por ejemplo, menores condenados en Castellón ayudan a las tareas de recogida de material de un polideportivo municipal, limpian las playas o prestan algún tipo de ayuda a un colectivo sin ánimo de lucro.
«Son pocos los menores condenados que vuelven a delinquir de adultos», subraya Escorihuela.
Actualmente, en la Fiscalía de Menores de Castellón trabajan tres fiscales. Hay que tener en cuenta que la celeridad en estos procesos debe ser la tónica general, ya que la instrucción tiene un plazo máximo de seis meses prorrogable por otros tres si la causa se considera compleja.
