Las empresas que aspiren a conseguir el contrato para realizar la obra de reforma del Camí la Ratlla de Castelló, cuyo pliego de condiciones ya ha sido aprobado por la junta de gobierno del Ayuntamiento, obtendrán más puntos en la valoración final si cuentan con mujeres en los equipos de producción adscritos a la ejecución. Esta ha sido la manera en la que el consistorio que lidera Amparo Marco ha incorporado la perspectiva de género en la licitación.

Esta no es la única condición que deberán cumplir las constructoras si quieren posicionarse con ventajas a la hora de lograr el contrato. También se valorará que se comprometan a confeccionar un informe final «sobre el impacto y la repercusión que ha tenido la obra, así como la elaboración de una presentación de carácter técnico para su difusión». Ese informe, deberá incorporar «el impacto de las medidas adoptadas en materia de perspectiva de género, por lo que deberá ser redactado al menos por un profesional con formación especializada en materia de perspectiva de género».

COMPROMISO POR LA IGUALDAD

La alcaldesa defendió el establecimiento de estas condiciones porque responden al objetivo «de contribuir en la medida que sea posible en el fomento de la presencia femenina en profesiones o lugares tradicionalmente ocupados por hombres». A su modo de ver, con estas aportaciones en los aspectos técnicos de los contratos «avanzamos con criterios sociales en el camino de la igualdad, implicando también a las empresas que realizan proyectos de ciudad» como la adecuación del Camí la Ratlla, que cuenta con financiación de fondos europeos.

Y el de género no será el único aspecto que dará puntos adicionales en la adjudicación. La empresa que se comprometa a crear empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral, lograrán una valoración más positiva, así como las que aporten criterios de calidad y medioambientales «como la promoción del reciclaje de residuos», destacó Marco.

Este suculento contrato, dotado con un presupuesto de 1.270.500 euros, llevará a las aspirantes a incorporar, entre otros aspectos, la subcontratación de un 30% con autónomos o pymes.