El Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló ha acordado reabrir las diligencias penales, abiertas en 2016 y archivadas provisionalmente después, que investigaban un posible delito societario tras una denuncia de dos socios de Golf Mediterráneo contra 9 integrantes del Consejo de Administración, entre ellos Carlos Fabra, por haber permitido apropiarse a Golf Borriol de unos terrenos muy por debajo de su precio.
Según han confirmado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la reapertura se ha producido a petición de la Fiscalía a raíz de un informe que consta en la causa que está abierta en el mismo juzgado contra Carlos Fabra y que investiga si el expresidente del PP y de la Diputación de Castellón ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia por la que fue condenado a cuatro años de prisión.
En el marco de las diligencias de investigación de esta causa, en la que están investigados Carlos Fabra, su hijo, su mujer, un exasesor y varios empresarios, se ha aportado un informe policial sobre el exmandatario que ha dado pie a la Fiscalía a solicitar la reapertura de esta causa, que ha sido atendida por el juzgado y que se desarrolla de forma independiente a la de la presunta ocultación de patrimonio.
En el caso del campo de golf de Borriol, dos socios de Golf Mediterráneo S.L. presentaron una denuncia contra nueve socios del Consejo de Administración, entre ellos Carlos Fabra, porque sostenían que se había llegado a acuerdos "lesivos" que permitieron que Golf Borriol S.L., gestionada por el padre del golfista Sergio García, adquiriera por 425.000 euros unos terrenos que estaban valorados en 9,6 millones de euros.
A raíz de esta denuncia, el juzgado abrió diligencias en junio de 2016, en las que declaró Carlos Fabra por exhorto, y se practicaron otras pruebas testificales y documentales, aunque en mayo de 2017 se acordó el archivo provisional de la causa y, en noviembre del mismo año, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón resolvió y rechazó un recurso de apelación en contra del sobreseimiento y acordó confirmarlo al no apreciar indicios de los delitos societarios denunciados.
Ahora, tras el informe policial, se ha reabierto la causa y se han acordado una serie de diligencias de requerimientos a entidades bancarias sobre diferentes movimientos y transferencias.
