Los ciudadanos de Castellón tienen grandes diferencias a la hora de acceder al suministro de agua en función del municipio en el que vivan. Tanto en el precio como las infraestructuras y la facilidad de acceder a este recurso. Un desafío al que se une la cuadratura del círculo de las desaladoras y la complejidad burocrática de unas administraciones que se solapan en sus cometidos.

La gobernanza del agua fue el asunto de la mesa redonda organizada en el foro, que contó con la participación del diputado provincial del Ciclo Integral del Agua, Ignasi Garcia; el director general de Facsa, José Claramonte, el presidente del Consorcio de Aguas de la Plana, Francisco Valverde; el gerente del Consorcio de Aguas de Sevilla, Blas Ballesteros, y el alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós.

Ignasi Garcia, abrió el debate con la propuesta de crear un consorcio que una a todos los municipios. «Ya tenemos ejemplos de otros consorcios que funcionan, y en este también debe participar la entidad autonómica de saneamiento (Epsar) o la Confederación Hidrográfica del Júcar, no solo los ayuntamientos».

José Claramonte, mostró su respaldo a la idea, para que sea «una voz única ante las demás administraciones», ya que hay muchas competencias repartidas, más «las confederaciones, que gestionan derechos del agua e incluso directivas europeas». Por ello defendió que haya «mecanismos transparentes y públicos y se estandarice la gestión» con una «cohesión del territorio y entendimiento entre todas las partes».

Ejemplos

Esta fórmula de coordinación es una experiencia de éxito en diferentes zonas. Es el caso del Consorcio de Aguas de la Plana. Su presidente, Francisco Valverde, mencionó las tres décadas de existencia, «cuando varios pueblos aprendieron que eran más fuertes si iban unidos ante el problema de la escasez». En cuanto a la idea de una cohesión provincial, valoró que así sería posible romper la brecha «entre un Castellón seco y otro húmedo».

El otro ejemplo fue explicado por el gerente del Consorcio de Sevilla. «En él están todas las administraciones, que además son de diferentes signos políticos», dijo. En su andadura han conseguido que la mayoría de localidades de esa provincia andaluza hagan gestión conjunta. «De 102 pueblos, solo hay 17 en los que una persona, cuando abra el grifo, no tenga agua de gestión supramunicipal».

Desaladoras

Un tema que apareció en varias ocasiones en el debate fue el de las desaladoras. El alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós, recordó que la gestión económica de estas instalaciones «es una losa que sobrevuela en los municipios afectados por unos convenios que son inasumibles».

Una de las posibles soluciones sería integrarlas en el consorcio provincial, de modo que todos tengan acceso por igual y repartan sus costes. Francisco Valverde aludió a Acuamed como uno de los actores a tener en cuenta para lograr una gestión más eficaz. En el horizonte también está el objetivo de homogeneizar infraestructuras y precios. Sobre un posible incremento del precio para los ciudadanos, Alós mencionó el caso de su municipio en los años 70. «De la noche a la mañana se salinizaron los acuíferos; y si transmitimos que a cambio de más precio habrá más seguridad debemos hacer llegar este mensaje porque creemos que es asumible».

Una implicación ciudadana que ya se detecta en determinadas situaciones, como la relatada por Valverde en Vila-real. «En uno de los barrios se colocaron contadores de prelectura, para que el vecino supiera lo que gasta en cada momento, y esto ha supuesto que sea la zona más eficiente de la ciudad, con un 93%». Por ello considera que la tecnología «debe llegar hasta el último abonado».

Precios

La mayoría de localidades de Castellón tienen una gestión municipal del agua, y el precio que abonan sus habitantes por metro cúbico va en función de la facilidad que haya en cada punto para extraer agua y distribuirla. Para Francisco Valverde, en este asunto debe primar la solidaridad, de modo que todos tengan unos precios razonables acorde a una mejora de la calidad. Un ejemplo vendría de la mano de la aludida planta de Moncofa, que tiene un coste de 0,8 euros por metro cúbico, algo poco viable para el uso agrícola. «En cambio, si unimos este agua desalada en diferente proporción con los recursos que vienen de los acuíferos, se reduciría, por lo que importa la convergencia de precios».

A este respecto, el director general de Facsa añadió que la cantidad a abonar por los usuarios «es algo que tiene recorrido», puesto que la media de Castellón está por debajo del resto de España. «La regulación de tarifas debe tener la premisa de la eficiencia para evitar fugas e incidencias», concluyó.

Ignasi Garcia añadió que el caso de las instalaciones de Acuamed en la provincia debe ser un motivo de reflexión. «Invertir en algo que no se utiliza es algo que nos debe preocupar», y por ello mencionó la necesidad de establecer amplios consensos y «muchas reuniones», tanto en la gobernanza del agua para el mayor número posible de habitantes de Castellón como a la hora de plantear inversiones a financiar con fondos europeos. «No tendría sentido tener millones de euros que no supiéramos cómo usar», valoró.

Además de administrar de manera equitativa este recurso básico, poner en marcha un consorcio provincial deberá suponer la adopción de medidas para reducir al mínimo las pérdidas en la red de distribución, el control de pozos ilegales y sin vigilancia, o el reaprovechamiento de las aguas depuradas. Algo que ya se hace en Castelló para regar parques y jardines, y que tal y como manifestó el president de la Generalitat se quiere ampliar a todo el territorio autonómico, mediante el tratamiento terciario en las plantas.