Unos 700 coches, según la estimación de la Policía Local de Castelló, han recorrido este domingo las calles de la ciudad de Castelló para mostrar su rechazo a la Ley educativa Lomloe (ley Celaá). La manifestación ha partido del antiguo recinto del Mercado del Lunes a las 11.00, procediendo a la lectura del manifiesto a las 13.00 horas. El recorrido ha transcurrido sin novedad, salvo en momentos puntuales en los que se han producido pequeñas retenciones de tráfico.

Entre las pancartas que portaban los manifestantes se podían leer lemas a favor de la “Libertad educativa” en una concentración apoyada por partidos políticos como Ciudadanos o PP. De hecho, entre los populares no ha faltado la presencia de dirigentes como Alberto Fabra, Salomé Pradas, Vicent Sales, Luis Martínez, Vicente Guillamón o Salva Aguilella. Tampoco ha faltado a la cita la coordinadora provincial de Ciudadanos (Cs) en la provincia de Castellón, Cristina Fernández.

Representantes de las familias, organizaciones empresariales y profesionales desde los 0 a 3 años hasta Bachillerato estaban convocados a secundar esta protesta que recorría desde el Antiguo Mercado del lunes, la Circunvalación de la Ciudad de la Justicia, Camí Fondo, calle Rafalafena María Agustina, Gobernador y Hermanos Bou, para concluir de nuevo en el Mercado del Lunes.

Desde el sindicato FSIE Víctor Cardona afirman que la nueva ley pone en juego la estabilidad de 1.600 docentes y 250 trabajadores de administración y servicios de la provincia de Castellón, y, según la confederación católica de padres de alumnos Concapa, es un atentado contra las familias al eliminar el criterio de la demanda social hurtando la posibilidad de elección de centro.

El presidente de la Concapa, Antonio Rodríguez, confía en que no afecte a la renovación de los conciertos de Infantil a Secundaria que tiene que producirse en la Comunitat a principios del 2021, pero sí teme que a medio y largo plazo cercene la red concertada. Asimismo, defiende la coexistencia de ambas redes, la pública y la concertada, porque, dijo, "a medio plazo las familias no van a tener posibilidad de elección". Y apuntó que además se discrimina a quienes no tienen recursos económicos para poderse pagar el coste de 500 a 600 euros mensuales de un centro privado. "Nos encontramos aulas medio vacías en muchos colegios de Castellón y provincia con ratios de 12 a 14 alumnos, cuando las aulas de la concertada están al límite, con 23. Nos tiene que hacer pensar en que la oferta en la red no pública es insuficiente; de ahí las ratios, ¿por qué la administración educativa no se plantea racionalizar y en vez de hacer más oposiciones y asumir una mayor carga laboral teniendo en cuenta la bajada de nacimientos no optimiza?", señaló defendiendo que la concertada tiene demanda y que la administración no lo tiene en cuenta e impone su carga ideológica. "Por eso hemos pedido a las familias que salgan a manifestarse", expuso.

Además, dijo, no solo amenaza a colegios ordinarios, también a los de educación especial, y a la red de 0 a 3 años no pública, que escolariza al 90% del alumnado antes de entrar en el sistema educativo.

Una ley que, dice la plataforma, nace muerta porque no cuenta con consenso sin escuchar la voz de los agentes sociales, y que no solventa los problemas de la educación, como es la bajada de nivel. "Se ha perdido la oportunidad de hacer una ley perdurable en el tiempo, salió con un apoyo ajustadísimo y 5 comunidades harán todo lo posible por aplicarla lo menos posible", advirtió el representante de Concapa, que pronosticó, además, que dejará en desigualdad de condiciones a los alumnos en función de la comunidad de la que procedan por el menor nivel de exigencia al permitir pasar con varios suspensos.