La batería de medidas que el Ejecutivo central anunció el martes para ayudar al sector de la restauración, en estado crítico a consecuencia de las limitaciones horarias y de aforo, no han caído precisamente bien entre el gremio. De «insuficiente», «incomprensible» e incluso de «tomadura de pelo» ha sido calificado este plan de apoyo gubernamental, que no contempla las ayudas directas tan reivindicadas desde el sector.

La patronal castellonense, Ashotur, expresó ayer su rechazo a las medidas con su adhesión a un comunicado emitido por Hostelería de España. En el documento descartan por su ineficacia las medidas anunciadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Por ejemplo, la posibilidad de que los grandes tenedores de inmuebles -los propietarios de más de diez locales arrendados- apliquen una rebaja del 50% en los alquileres durante el estado de alarma, lo que «no afectará más que al 3% del sector hostelero». O la extensión de los ERTE por fuerza mayor, incorporando a bares y restaurantes, cuando ya hay trabajadores del sector en ERTE «que aún no han cobrado».

El plan de rescate de la hostelería, indican, implica la inversión de «8.500 millones de euros» en ayudas directas si se quiere evitar «la pérdida de más de un millón de empleos, entre directos e indirectos, y el cierre de 100.000 establecimientos» en toda España.

«Es un paso adelante», concede el vicepresidente de Ashotur, Luis Martí, aunque «muy corto». «Del 0 al 10, no llegamos más allá del 2. Es un avance, pero muy insuficiente, del que se beneficiarán muy pocos. Son imprescindibles las medidas de ayuda directa. Y esto dista mucho de serlo», indica.

Más contundente en sus juicios se muestra la Asociación Hostelera de Castellón, Ashocas, que anunció ayer «movilizaciones» en los próximos días para expresar el malestar del sector, ya que este plan «no rescata a nadie».

Según indicó su presidente, Álvaro Amores, la hostelería provincial se ve «vapuleada» por un «macroplan anunciado a bombo y platillo por el Ejecutivo que no ha contentado a nadie». La clave, indica, está en que «de los 4.220 millones que se prevén, 2.268 están destinados al aplazamiento de impuestos», dinero «que más pronto o más tarde hay que devolver».

«Si lo hubieran anunciado el día 28 de diciembre hubiera tenido mucho más sentido, ya que es una auténtica tomadura de pelo», declara Amores. «Con este tipo de medidas, lo que se consigue es endeudar aún más a los empresarios del sector, que están facturando hasta un 70% menos y que siguen tributando igual que antes de la pandemia, pero ingresando mucho menos», añade.

Desde Ashocas consideran que las medidas deben ser «más directas y contundentes», como la cancelación de la cuota de autónomos, tributar a razón de los ingresos que se están obteniendo, una rebaja en los impuestos de sociedades o la exención de tributos municipales. De no ser así, advierten, «más de un 40% de empresas se van a ver obligadas al cierre».

Hay que recordar que los hosteleros de Castellón ya se han movilizado en varias ocasiones para reivindicar más ayudas.