La crisis del coronavirus fue la palanca que activó una de las medidas sociales más esperadas de los últimos tiempos por parte de algunos agentes sociales, el ingreso mínimo vital (IMV). A pesar de las buenas intenciones, la lentitud del proceso burocrático ha supuesto una decepción para los solicitantes de Castellón, con un ritmo de aprobación de expedientes que funciona a cuentagotas, mientras esperan que el nuevo año vaya aparejado a un repunte de solicitudes, ya que familias golpeadas por la actual coyuntura económica podrán aportar sus datos correspondientes al 2020.
Los últimos datos sobre la evolución de estas ayudas corresponden a la comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el Congreso de los Diputados el pasado 17 de diciembre. De las más de 12.000 solicitudes presentadas en la provincia solo 2.053 han superado todo el proceso administrativo y por tanto perciben la nueva prestación. Una evolución escasa, ya que a mediados de octubre la cifra facilitada por el Ministerio era de 1.737. Tan solo 316 nuevas en dos meses.
El presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castellón, Jaume Agost, recuerda que el IMV «no ha ido acompañado de un refuerzo de personal, para un proceso muy farragoso en el que se requiere mucha documentación, y que no todos pueden hacer por sí solos». A todo ello hay que añadir lo que pueda venir a partir del cambio de año. «Las peticiones que se han hecho hasta ahora tienen en cuenta los datos económicos del 2019, pero a partir de ahora ya podrían justificarse los casos de quienes han tenido una caída drástica de ingresos en el 2020», añade Agost. «Podría darse una nueva avalancha de solicitudes», considera, como las que se dieron tras la apertura del periodo de inscripciones, el 15 de junio.
Otro número que da cuenta del retraso en la gestión de esta ayuda es la cantidad de peticiones que siguen en el limbo, a la espera de que sus solicitantes sepan si las rechazan por quedarse fuera de los requisitos marcados, o bien necesitan de añadir algún documento adicional. En octubre, de los 12.384 expedientes válidos solo quedó resuelta la tercera parte, con 4.293. De ellos, la mayoría quedaron denegados, con 2.556. Tampoco ayuda el panorama de la pandemia del covid, ya que las oficinas solo tienen atención presencial mediante la cita previa.
Personal
Desde el sindicato CSIF explican que estos trámites han agravado «la problemática de la falta de personal», que ha mermado los efectivos «en cerca de un 30%». Añaden que, como solución, «el Ministerio ha convocado 1.000 plazas de interinos de forma urgente para toda España, para tratar de aligerar el bloqueo existente producido por el IMV, de las cuales a Castellón le han correspondido 12, lo que no deja de ser un parche que llega tarde y es del todo insuficiente», comentan.
Esta fuerza sindical defiende que la única manera de gestionar todos los procesos en un tiempo razonable es convocar «una oferta de empleo extraordinaria que cubra todas las vacantes que se han producido en los últimos años».
Brecha digital
Las complicaciones del ingreso mínimo vital también tienen su razón de ser en la necesidad de iniciar los trámites por vía telemática. Jaume Agost comenta que este hecho «ahonda la brecha digital, ya que muchos de los solicitantes no tienen recursos tecnológicos suficientes, ni siquiera internet en sus casas», por lo que hay entidades y oenegés «que están prestando ayuda a las personas más vulnerables».
